Como anillo al dedo fue una de las
que ha pronunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su sexenio. La dijo en abril de 2020 al afirmar que la pandemia del coronavirus y la crisis económica que detonó, ayudarían a afianzar su proyecto contra la corrupción y la justicia. La realidad lo aplastó. La doble crisis hará de su sexenio uno de los más mediocres en cuanto a crecimiento en la historia de México, y si vemos los datos, hoy hay más corrupción e injusticia. Memorable, empero, que el presidente nunca diera un paso para atrás. Dejó mejor que su ocurrencia se la llevara el viento, que ahora regresa por otra puerta, planteada por sus propagandistas, para que la crisis de violencia de la semana pasada le quede como anillo al dedo.
La violencia en decenas de municipios en varios estados del centro y norte del país está siendo retóricamente acomodada por sus asesores políticos y sus megáfonos para crear condiciones a fin de que, eventualmente, López Obrador aproveche el espacio de maniobra y pueda convertir el fiasco de su estrategia de seguridad en trampolín de objetivos políticos. El enseñamiento criminal estalló en medio del debate sobre la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, a contrapelo de la Constitución, para que, en palabras del Presidente, puedan hacer bien su tarea de seguridad pública.
El argumento carece de sustento de existir porque su premisa es falsa. Por decisión del Presidente, desde el inicio de su gobierno no se combate a la delincuencia organizada. De manera ingenua -o tramposa-, explicaba que con programas sociales arrebataría reclutas a los grupos criminales y reduciría la incidencia delictiva, lo que no ha sucedido. El argumento de que combatir a criminales aumentaba la violencia, tampoco; no enfrentarlos sólo produjo más homicidios dolosos. Su afirmación de la
Pax Narca, cuando un cártel controla la plaza genera paz, también se ha caído en pedazos, porque aún donde predomina un solo grupo -la Serra Tarahumara, por ejemplo-, hay violencia.
Si bien el gobierno de Felipe Calderón fracasó en poner en marcha la maquinaria social que acompañara a la policial-militar contra los cárteles de las drogas y nunca se pudieron capacitar y reforzar las policías municipales por razones de desvío de recursos en esos niveles de gobiernos para obras electorales, y el de Enrique Peña Nieto aceleró la descomposición apoyando a un cártel para liquidar a otro en Michoacán sin combatir a la delincuencia organizada en el resto del país durante casi tres años, el de López Obrador ha profundizado lo peor de ambos y agudizado la crisis con sus dichos, omisiones y complacencias.
En este contexto, es una tontería lo dicho por su videógrafo, Epigmenio Ibarra, el sábado pasado, al sugerir que hay una colusión entre “la derecha” -o sea, todos los que no piensan como López Obrador- y los cárteles de las drogas, para “destruir” al Presidente. No es la primera vez que lo dice, pero ahora sus palabras tomaron mayor fuerza, en buena parte, porque su exposición pública en la radio, en el programa de Ciro Gómez Leyva, le dio el aparador para que muchos que no le prestaban atención antes, ahora escuchen lo que dice, porque es la voz más incendiaria en medios a disposición de López Obrador. Los señalamientos de Ibarra, que han sido criticados en medios y redes desde el fin de semana, fueron acompañados por las cuentas afines a Palacio Nacional o financiadas por el vocero presidencial, para magnificar esa proposición.
Sus palabras y la línea discursiva -que es original de él, pero avalada por Palacio Nacional- no pasan la primera prueba de ácido. ¿Por qué los narcos, que fueron todos enfrentados por “la derecha” -específicamente Calderón, la obsesión de Ibarra-, se aliarían con esos grupos para destruir a López Obrador que en dichos y hechos les ha dado carta de impunidad y les regaló el país? Hay quien piense que esta afirmación es un exceso, pero no lo es. El Ejército y la Guardia Nacional son mayoritariamente espectadores en la primera fila de la violencia, porque sus instrucciones son las de no confrontar ni molestar a los capos de la droga, que bien un sexenio idílico.
Es cierto que se han dado enfrentamientos y detenciones, pero pueden verse como circunstanciales, al no corresponder a una política de Estado. Decirlo no es una especulación; es la palabra de López Obrador la que la sostiene. Los golpes no han sido a la cabeza, porque esa es la instrucción presidencial, y aunque conocen la zona donde se esconden los líderes de las dos organizaciones criminales más importantes, Ismael
El Mayo
Zambada, jefe del Cártel de Sinaloa, y Nemesio Oseguera,
El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, no han habido operativos que busquen su captura. Tampoco hay nada en curso sobre los hijos de Joaquín
El Chapo Guzmán, con cuya familia el Presidente ha tenido deferencias importantes.
¿De dónde saca Ibarra y los adláteres de Palacio Nacional su argumentación? De la necesidad de justificar la incompetencia e inacción del gobierno de López Obrador y esconder el fracaso de la política de seguridad, que será uno de los varios que definan históricamente su sexenio. Pero al mismo tiempo, haya sido o no la intención original, esas afirmaciones refuerzan los dichos maniqueos del Presidente sobre la necesidad de que se integre la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.
Es previsible que López Obrador aproveche la violencia de la semana pasada y la incertidumbre que provocó, para presionar a una reforma constitucional, a lo que no se debe caer en su trampa. Aún si la oposición le regalara los cambios constitucionales, la violencia no se detendrá. Su estrategia no es que eso se revierta, sino entregar progresivamente más poder a un Ejército que cada vez se vuelve, paradójicamente, más vulnerable, sobre lo que se escribirá en este espacio más adelante.
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