A tres semanas de las elecciones, Abel Murrieta, aspirante a la alcaldía de Cajeme, fue asesinado el jueves a plena luz del día mientras hacía proselitismo, en uno de los cruceros más transitados de Ciudad Obregón. Murrieta era muy respetado en Sonora, donde fue procurador durante dos gobiernos, y también el abogado de la familia LeBarón en el caso de la masacre contra nueve de sus miembros en 2019 en Bavispe. El crimen cimbró a los sonorenses y conmocionó a la sociedad política del país, que vive el proceso electoral más violento de la historia.
Le dispararon 10 balazos, dos de ellos a la cabeza, y sus asesinos huyeron en una camioneta blanca X-Trail, donde lo esperaba un tercer participante en el atentado. Autoridades federales revelaron que fueron dos tiradores, uno con una camiseta de color gris y otro con una de color blanco, con gorra de beisbolista de color negro ambos, que se aproximaron caminando al cruce en donde se encontraba Murrieta, cerca de las cuatro de la tarde con 40 minutos, mientras la camioneta en donde escaparon, se empezó a acercar al punto de extracción 10 minutos después.
La identificación de la camioneta y los perfiles de los asesinos permitieron a las autoridades federales establecer la primera línea de investigación del crimen, que apunta la autoría intelectual de Isidro Meza Flores, más conocido como
El
Chapo Isidro, que trabajó bajo las órdenes de Joaquín
El Chapo
Guzmán, y de quien se desprendió para formar su propia organización, Los Mazatlecos, hasta vincularse con el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, que rompieron con el Cártel de Sinaloa en 2008.
Meza Flores tiene una disputa añeja con
Los Salazar
que operan junto a los hijos de
El Chapo
Guzmán, y dominan el narcotráfico en Sonora. No había relación entre Los Salazar y Murrieta, de acuerdo a lo que han establecido las autoridades, pero sí vínculos circunstanciales. A
Los Salazar
se le atribuye el asesinato del reportero del periódico El Imparcial
de Hermosillo, Alfredo Hernández, que investigaba sus nexos con el Cártel de Sinaloa en 2005, y como procurador de Sonora, Murrieta investigó aquel crimen que todavía sigue sin resolverse.
La violencia en Sonora no es nueva, pero en los dos últimos años se incrementó con el apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación a El Chapo Isidro. Las organizaciones criminales en el estado se han desdoblado, y en el fondo, dicen autoridades federales, está la disputa por Sonora, en donde se ha involucrado Rafael Caro Quintero, uno de los líderes del extinto Cártel de Guadalajara, de donde surgieron los capos de Sinaloa --y también los que crearon y empoderaron al Jalisco Nueva Generación-, que forma parte del mando jerárquico del Cártel de Sinaloa.
Parte del desdoblamiento que añade complejidad al fenómeno del narcotráfico en Sonora es el otro conflicto que libra
El Chapo Isidro
con la organización criminal ligada a Caro Quintero conocida como
Los Antenas, que encabeza Alfredo Olivas,
El Chapo Alfredo, quien a través de su jefe de sicarios, Francisco Javier Meraz,
El Antena de Bacum, una comunidad yaqui en el sur de Sonora donde controlan la mariguana, infiltró a parte de los grupos de ese pueblo originario, y de acuerdo con funcionarios federales, están detrás de los retenes con los cuales varios grupos yaquis realizaron bloqueos como presión para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atendiera sus demandas para garantizar la conservación de agua y tierras. Y lo lograron. En octubre firmó el decreto.
El asesinato de Murrieta no fue aislado en esta batalla entre cárteles. La Mesa de Seguridad y la Paz en Sonora concluyó que fue “un ataque planeado y directo contra el candidato”. No hay móvil todavía, aunque en Sonora señalan que en las vísperas había dicho que lo habían amenazado de muerte. Este crimen ha hecho voltear a Sonora, tan lejos del Centro y tan cerca del infierno.
Los homicidios dolosos (mil 584) se incrementaron el año pasado 17% con respecto a 2019, reportaron recientemente los Comités Ciudadanos de Seguridad de Sonora y Hermosillo, y Ciudad Obregón, reveló el WorldAtlas, es la
en el mundo -la octava de México-, con una tasa de 52 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Varios expertos consideran que la cifra está subestimada ahí, y en el estado.
Ciudad Obregón figura en las estadísticas del crimen, pero no está Caborca, el municipio de mayor crecimiento de violencia el año pasado, con un incremento en homicidios dolosos de 387% con respecto a 2019. La plaza, históricamente controlada por el Cártel de Sinaloa, como el resto de Sonora, está ahora en una disputa interorganizacional entre
Los Salazar
y Caro Quintero, mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación, ha incrementado su influencia de Bavispe, donde asesinaron a los miembros de la familia LeBarón a Agua Prieta, una importante ruta del fentanilo.
La violencia en Sonora y en el país es incontenible. La estrategia de seguridad diseñada por Alfonso Durazo, primer secretario de Seguridad Pública federal y hoy candidato a gobernador de ese estado, fue un fracaso. En dos años y medio de gobierno de López Obrador, según la consultora TResearch, el total de homicidios dolosos -83 mil 311 hasta el 14 de mayo-, sumaron 19 mil 563 más que durante toda la Presidencia de Enrique Peña Nieto,
37 mil 975 más que en todo el gobierno de Felipe Calderón, y superaron por 59 mil 299 a los registrados durante toda la administración de Vicente Fox.
Se desconoce qué motivó el ataque en Cajeme, quedando en el aire la pregunta si
El Chapo Isidro
quiso
calentar
la plaza controlada por Caro Quintero a través de
Los Antenas
para debilitarlo en su lucha por todo Sonora. En cualquier caso, el asesinato de Abel Murrieta no es un recordatorio de lo que vivimos, sino una ratificación de cómo el país se ha dejado a merced de los criminales.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
