Escoja su lugar común: en política no hay coincidencias, o son demasiadas coincidencias para ser coincidencias. Ambas se aplican para lo que estamos viendo en la arena pública mexicana, que se asemeja más al circo romano con sus leones y esclavos que al Ágora griega, con una secuela de eventos que responden a un patrón de conflicto y de beligerancia galopante, pero predecible. Hay una fuerza muy poderosa por un lado, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, y otra fuerza que no se alcanza a ver con nitidez su dimensión, pero que está embarcada en romper el embrujo de Macuspana y mostrar a millones de personas que votaron por él en 2018, que es igual o más corrupto que los antecesores a quienes acusa de esa inmoralidad, en los términos religiosos que usa, y de ilegalidad.
El jueves por la tarde-noche, el portal Latinus volvió a la carga para seguir acumulando pruebas documentales de la corrupción en el corpus presidencial. Ahora fue la difusión de un nuevo video realizado por David León Romero, funcionario de gran confianza en los primeros dos años del gobierno de López Obrador, donde le da 150 mil pesos al hermano menor del presidente, Martín Jesús, para, como precisó, las campañas de Morena de 2015. León Romero era el operador de medios del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y tenía como mecanismo de control videograbar las entregas de dinero, siempre en efectivo.
Esa práctica de la política mexicana del trasiego de dinero en efectivo en campañas políticas lo han utilizado hasta los que presumen de puros, a quienes les daban mensualmente cajas de huevo repletas de billetes, como era común hacerlo con todos. Aunque es cierto que esto abría la posibilidad a que ese dinero se utilizara con fines personales, el objetivo era dinero político. En el caso de Martín Jesús, como en otro anterior, Pío, también hermano del presidente, se sabía en las oficinas del gobierno chiapaneco que administraban estas operaciones, que ese dinero difícilmente iba a llegar al presidente, y que se lo embolsarían sus hermanos. También era dinero político, porque mantenían “aceitados”, como dicen en la jerga política, a parientes cercanos de López Obrador.
Dos semanas antes de que se difundiera el video de Pío, un personero no identificado se lo ofreció a una televisora, que se negó a difundirlo. Latinus fue la segunda apuesta y lo detonó. Una semana antes de hacerlo le preguntaron a León Romero su opinión sobre lo que iban a difundir, y el entonces futuro coordinador de la compra de medicinas del gobierno federal, le adelantó a López Obrador lo que venía. En Palacio Nacional, sin tenerse claro si por la información de León o por fuente diferente, calculaban que había otros 15 videos incriminatorios. Por eso no le sorprendió al presidente la difusión del nuevo video de otro hermano, que siguió el mismo modus operandi del primero, salvo que en este, no fue la entrega en un restaurante, sino en la casa del pagador en Tuxtla Gutiérrez.
En ambos casos, la difusión del video se dio después de una escalada de conflicto con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. El año pasado comenzó este patrón de odio el 20 de agosto, cuando el gobernador
a las imputaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, de que había recibido dinero para aprobar la Reforma Energética, contenidas en la declaración que negoció con la Fiscalía General para obtener el criterio de oportunidad. Esa noche, Latinus difundió el video sobre Pío.
al día siguiente durante una gira por Aguascalientes, que no era un acto de corrupción sino que fueron “aportaciones”, y acusó a sus adversarios de quererlo lastimar. Al no poder controlar el escándalo, el martes siguiente, 25 de agosto,
el tema de la consulta a los expresidentes y aceleró las cosas para ubicar la corrupción entre sus antecesores, no entre su familia. El 15 de septiembre propuso la pregunta para la consulta, que le dio semanas de oxígeno y pudo minimizar el presunto delito de su hermano Pío.
La difusión del video de Martín Jesús tuvo un patrón similar. En vísperas del nuevo golpe de Latinus, la Suprema Corte de Justicia aceptó la controversia de la Fiscalía General y aceptó analizar la constitucionalidad del desafuero del gobernador de Tamaulipas, frenado el Congreso local tamaulipeco al rechazar la homologación del voto en el Congreso federal, y pedir su detención. El viernes, a la
de su difusión, López Obrador dijo que no era dinero político, sino un asunto personal entre su hermano y León Romero, y que se trataba de una campaña negra de sus adversarios. Horas después, la Fiscalía General informó que había acusado al ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo por “su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito”, y que un juez de control lo había vinculado a proceso.
El patrón es así: acusación contra el gobernador de Tamaulipas y video de hermanos de López Obrador aceptando dinero de procedencia ilícita -como tipifica este gobierno todas las operaciones en efectivo y que persigue en todos los casos, menos en los de Pío y Martín Jesús-; reacción del presidente subestimando los actos de sus familiares, responsabilizando de ello a sus adversarios, y seguido de un contrataque con una acusación de corrupción para desviar la atención. Parece el
en Teoría de Juegos, donde hay recompensas si una parte cede, y de suma cero si nadie recula.
Lo que estamos viendo es ¿coincidencia?, ¿estrategia?, ¿casualidad? o ¿causalidad? Cada quien puede sacar sus conclusiones e identificar de manera veraz o verosimil a las partes en conflicto. Lo que sí está claro es la existencia de dos fuerzas en conflicto, en permanente choque, en una carrera donde no se ve que ninguna vaya a ceder. Así que amárrese los cinturones, porque lo peor aún está por venir.
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