El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, tiene la lengua muy larga y la congruencia muy corta. Esta semana anunció que demandará a los principales medios de comunicación de su estado porque dicen mentiras y nadie les ha puesto un alto, afianzando en la ética pública su desafío. Al mismo tiempo, sigue mascando el chicloso podrido de su fiscal anticorrupción, Ernesto Canales, acusado de fraude en la Ciudad de México, y quien pese a ir perdiendo en todas las instancias judiciales su alegato de inocencia, lo mantiene en el cargo. Hace mucho tiempo Canales debió haber renunciado –en aras de la ética institucional-, o el gobernador haberlo despedido, porque un presunto delincuente no puede ser el responsable de perseguir delincuentes. La doble moral de El Bronco, que se presenta como justiciero, es de antología.
Canales se encuentra en un pantano legal. Entre más se mueve, más se hunde. El 26 de marzo de 2012 fue acusado, junto con un viejo asociado, César Gerardo García Méndez, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La demanda, interpuesta por los abogados de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, señalaba que los abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio” de los seis millones de dólares pagados por Televisa, como compensación por la venta de sus acciones a Emilio Azcárraga Jean, “obteniendo un lucro indebido y generado un detrimento patrimonial” a su cliente. Canales lo ha negado siempre, aunque a través de denuncias periodísticas ha sido forzado a aceptar que existe el litigio en su contra.
A principio de este año, el caso tomó otra velocidad, cuando salió el pliego de consignación de la orden de aprehensión contra García Méndez, por el delito de administración fraudulenta, en violación al artículo 234 del Código Penal por haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, en beneficio de un tercero; en este caso, él y su ex socio Canales, a quienes contrató para que resolvieran una disputa con Televisa. Por razones inexplicables, en el pliego de consignación del agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 17 de febrero, Canales, presunto responsable de los mismos delitos, salvó una acción judicial en su contra.
La extraña actitud jurídica de las autoridades capitalinas, sólo se podían entender en un contexto político, para que el gobierno de la Ciudad de México no se enfrentara con El Bronco, quien creían, lo defendería. Sin embargo, en los últimos días cambiaron las cosas. Para evitar que siguiera el camino de García Méndez, Canales promovió un amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México por la negativa de determinar el no ejercicio de la acción penal. Es decir, que cerraran su caso exonerándolo de cualquier delito. No le funcionó. El amparo solicitado fue negado, con lo que el proceso judicial en su contra continúa.
El fiscal anticorrupción de Nuevo León utilizó argucias y mañas para ganar tiempo y buscar nuevas defensas contra las autoridades. Una de ellas fue no presentarse a la comparecencia para ir desahogando las pruebas –donde podía haber apuntalado su defensa-, y cuando lo apercibieron, dijo que nunca había recibido el citatorio. El ministerio público ya le giró otro nuevo citatorio, enviado por correo certificado. La fecha para que comparezca ante las autoridades es el próximo 10 de julio, en calidad de “probable responsable” del delito de fraude. El documento en el que se sostiene la presunta responsabilidad de Canales, está firmado el 28 de abril de 2011, donde la señora Cusi cedía “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, a cambio de una contraprestación, que Canales no le informó que se había acordado, de seis millones de dólares, a cambio de desistirse de acciones legales para mantener el 16.6 por ciento de la empresa que le fue heredado por El Tigre. Este documento, llamado Carta de Instrucción, fue firmado por Canales y García Méndez con el representante de Televisa, Alejandro Bustos.
En ese documento solicitaban a Televisa determinar la forma como realizaría el pago compensatorio mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Securities Ltd, en el banco Standard Bank Plc., en Londres, por tres millones de dólares. Y, 2) mediante la contratación que llevara a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de la empresa Summer Stream, C.V., por otros tres millones de dólares. El representante de las empresas era Canales.
Canales afirmó ante el ministerio público que la señora Cusi estuvo informada de todas sus acciones, y presentó como prueba una carta que le envió el 21 de octubre de 2011, en donde detalló la negociación con los abogados de Televisa y el pago de los seis millones de dólares que aplicó, “conforme a tus instrucciones, al pago de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas cantidades pagadas por mí en tu nombre durante los procedimientos”.
Esa carta sí lo deslindaba de cualquier delito, pero hubo un problema: nunca se la entregó a la señora Cusi. Su ex socio García Méndez ya está pagando por el fraude. Canales sigue peleando para no ir a la cárcel. ¿El Bronco? Bien gracias, y mirando para otro lado.
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