Finalmente, el Congreso de Veracruz cumplió un objetivo, que se unieran las facciones de Morena que representaban los intereses del gobernador Cuitláhuac García, de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y del superdelagado en el estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para un propósito claro: tener la mayoría para suspender al fiscal del estado, Jorge Winckler, y sacarlo del cargo. Requirieron una mayoría simple por ser una suspensión con carácter temporal, que tendrá que ser calificada si se busca la definitiva. En todo caso, fue anulado, y el fiscal heredado de la administración de Miguel Ángel Yunes, que había aprovechado la pugna entre las facciones de Morena, dejó de ser una pesadilla para el gobernador. El problema es que para lograrlo, en Veracruz violaron flagrante y cínicamente la ley. Pero vayamos por partes.
El martes se publicó una edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de Veracruz, el Tomo III, donde se informó del “Acuerdo de la diputación permanente de la Sexagésima Legislatura que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winckler Ortiz del cargo de fiscal general del estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el cargo”. Ipso facto, Winckler dejó la Fiscalía y lo sustituyó Verónica Hernández, una abogada con larga experiencia como notaria, fiscalista y derecho civil y administrativo, aunque de penalista nada.
Al hacerlo, el Congreso violó el Acuerdo 08/XLIV/19 suscrito en la Reunión Conjunta de Seguridad de la XLIV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 8 de julio pasado, que señala: “Se ratifica el Acuerdo 1/III-SE/2019 de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación por el cual se instruye al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que, por conducto del centro Nacional de Certificación y Acreditación, lleve a cabo la reforma correspondiente al artículo Tercero Transitorio de los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial, a fin de modificar el plazo establecido para que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del CUP a todos sus integrantes, debiéndose ampliar el término a dieciocho meses contados a partir del 10 de septiembre de 2019 y se publique en el Diario Oficial de la Federación”.
Si alguien alega que la suspensión temporal de Winckler se dio el 3 de septiembre, cuando ese acuerdo entraría en vigencia para la obligatoriedad siete días después, hay otro documento con fecha del 17 de mayo, el Acuerdo 1/IV-SE/2019, que establece una prórroga de plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza: “La Comisión Permanente de Certificación y Acreditación del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de evaluar a los integrantes de la Guardia Nacional, acuerda prorrogar por un periodo de un año el plazo de la vigencia de las evaluaciones de control de confianza establecidas en el Artículo 6, fracción V, de los Lineamientos para la emisión del Certificado único Policial, de aquellos integrantes de las instituciones de seguridad pública cuyo término de vigencia venza en los 12 meses siguientes a la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación”.
Es decir, desde mayo la ley protegía a Winckler, como lo hacía con Eric Cisneros Burgos, secretario general de Gobierno veracruzano, que tampoco tiene la certificación mandatada por la ley. No es el único caso. Hay altos funcionarios, altos mandos y cientos de policías que no cuentan con la certificación exigida. Hay altos funcionarios federales que tampoco tienen la doble certificación, por lo que no tienen acceso a información de calidad de los servicios de inteligencia extranjeros. Incluso, cuando menos uno de ellos ha cancelado reuniones con algunos jefes de esas agencias y declinado invitaciones para ir a Washington.
En este sentido, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está actuando de forma idéntica al del ex presidente Enrique Peña Nieto durante su primer año: no combate a criminales, deja que los cárteles y las bandas se aniquilen entre sí, y pide prórroga para la certificación de funcionarios y policías. La diferencia entre ambos es que el gobierno de Peña Nieto no manipuló la ley de una manera tan públicamente artera para utilizarla discrecionalmente contra un funcionario que le incomodara a algún gobernador priista.
Los resultados de Winckler en la Fiscalía veracruzana están lejos de ser los mínimamente esperados. La violencia en el estado continúa teniendo la impunidad por omisión o comisión como su común denominador, sin que el fiscal haya podido marcar un punto de inflexión. Es decir, si el Congreso hubiera pensado en la seguridad de los veracruzanos, podría haber encontrado la forma de despedirlo por incompetente. Incluso, se podrían haber explorado las vías para que dejara el cargo porque su presencia generaba una creciente inestabilidad política, en perjuicio de los ciudadanos. Pero eso no es lo que estaba en la cabeza de los legisladores evidentemente. Tomaron la decisión de cazarlo.
La manera por la que optaron para suspenderlo, como se demostró párrafos arriba, es una violación a la ley y a los acuerdos que el propio gobernador García suscribió con sus pares y el gobierno federal. Violar la ley para que se alinean las fuerzas veracruzanas al gobernador es una ruptura del Estado de Derecho. A muchos no les importa eso en México, hoy y antes, para ser claros, pero ante las dificultades que enfrenta la economía mexicana y la creciente incertidumbre jurídica que está transmitiendo el gobierno, no le conviene al presidente ni al país la reiteración de atropellos como el que se acaba de dar en Veracruz.
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