El general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, ya no hizo pública ninguna aclaración, o confirmación, de que durante casi seis años trabajó bajo la coordinación de Genaro García Luna, dentro del grupo interinstitucional contra acciones terroristas, llamado GAT, como el enlace de la Secretaría de la Defensa. Políticamente, ha dejado que el tiempo diluya ante la opinión pública esa hoja de su pasado, y que sea su palabra antes sus jefes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, la que logre el control de daños que evite la purga prometida contra todos aquellos que trabajaron bajo las órdenes de García Luna.
El general Rodríguez Bucio mintió cuando negó haber trabajado bajo la coordinación del ex secretario, y si sus actuales jefes quieren ser omisos, están en su derecho, porque la purga comprometida obedece únicamente a razones políticas. Pero si el jefe de la Guardia Nacional los ha engañado, la reacción tendría que ser diferente. Existe no sólo la documentación que prueba esa relación subordinada, sino un gran número de testigos que pueden corroborar su participación en el GAT y quién era el mando responsable de ese grupo y le asignaba las tareas que debía cumplir.
Más allá de ese aspecto, sin embargo, el general, tiene otra información, ajena a la política-política, que debe aportarle al gobierno, porque le ayudaría a entender de manera relevante la relación del gobierno con el Cártel de Sinaloa, aunque destaparía secretos que difícilmente se quieran revelar.
Esta historia comienza en octubre de 2008, en el primer tercio de la guerra contra las drogas en la que se embarcó el presidente Felipe Calderón, donde había un enfrentamiento dentro del gabinete entre García Luna y el procurador general, Eduardo Medina Mora. Las diferencias entre ellos afectaban a la coordinación de la estrategia contra los cárteles de las drogas y el presidente ordenó que se reorganizara la lucha y se trabajara de forma armónica. La reunión fue convocada por el director del CISEN, Guillermo Valdés, en las instalaciones del organismo en Magdalena Contreras.
A esa reunión se presentaron los representantes de las instituciones que estaban involucradas en esa guerra. En representación de Medina Mora asistió la subprocuradora Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada, Maricela Morales; por García Luna estuvo Gerardo Garay, comisionado de la Policía Federal; por el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván, se presentó el general Rodríguez Bucio, jefe del Grupo de Análisis e Información del Narcotráfico (GIAN). La Marina no envió ningún representante, porque sólo fue hasta después de esa reunión, cuando se le involucró en el combate a los cárteles.
Hasta ese momento, la responsabilidad en la lucha contra el Cártel de Sinaloa había estado en la Secretaría de Seguridad Pública, desde los tiempos en que Alejandro Gertz Manero fue su titular durante el gobierno de Vicente Fox, a quien sucedieron Ramón Martín Huerta y Medina Mora en el mismo sexenio. Los representantes institucionales debían de compartir la información sobre sus esfuerzos contra el narcotráfico, que estaban desarticulados y habían provocado fricciones en el pasado. En esa reunión, Garay le entregó a Rodríguez Bucio todo lo que la Policía Federal tenía sobre el Cártel de Sinaloa, incluidas las investigaciones y seguimientos en curso.
El general Rodríguez Bucio y Garay se conocían desde el GAT, y antes de llegar a formar parte de ese equipo comandado por García Luna, había sido subjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Tarea Marte, que combatía el narcotráfico en el Triángulo Dorado, la parte serrana donde se juntan Sinaloa, Durango y Chihuahua, que es una información secreta porque la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado sistemáticamente a dar a conocer la estrategia al combate al narcotráfico en esa zona desde que comenzó en 1967.
Para cuando se le entregó la responsabilidad del combate al Cártel de Sinaloa, el general Rodríguez Bucio tenía amplio conocimiento de sus alcances. Luego de finalizar su comisión en el GAT, fue trasladado al Centro de Inteligencia Antinarcóticos, el CIAN, donde sustituyó a su jefe, el coronel Roberto Aguilera Olivera, tras una investigación interna donde presumían vínculos con el Cártel de Sinaloa, luego de una serie de fugas de información que impidieron la captura de Joaquín El Chapo Guzmán en las barrancas de Tamazula, en la Sierra de Durango. Aguilera Olivera fue enviado a Argentina como agregado militar, y después, Rodríguez Bucio a Alemania. Sus casos no se judicializaron, y regresó a México para incorporarse al Estado Mayor de la Defensa Nacional como jefe fundador del GAIN, que reemplazó al CIAN.
La información con la que cuenta es una mina para el conocimiento de cómo se fue fortaleciendo el Cártel de Sinaloa a lo largo de los tres últimos sexenios, en donde tuvo un papel protagónico. Pero podría existir un impedimento. Si el general Rodríguez Bucio le cuenta al presidente López Obrador la verdadera historia de la lucha contra esa organización criminal, probablemente no le va a gustar. Afectaría a generales, algunos de ellos activos, y salpicaría a varios funcionarios de su gobierno. Todo esto no saldría a la opinión pública, pero generaría incertidumbre interna –sobre qué está parado López Obrador- y desconfianza - ¿en quienes realmente puede seguir confiando? -. Empero, es información que requiere conocer a detalle para la toma de decisiones.
El presidente y el secretario deben exigir al general Rodríguez Bucio que hable con franqueza, y no con la deshonestidad con la que hasta ahora se ha comportado. Seguir escuchando sus historias maquilladas, como lo ha hecho, no lleva a ningún lado salvo para, como el avestruz, esconder la cabeza pensando que nadie lo ve.
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