Luis Carlos Castillo Cervantes nació en Valle Hermoso, una comunidad tamaulipeca que ha sido escenario en los últimos años de una guerra sin fin entre cárteles de la droga. De ahí huyó a Texas en los 90s para librarse de la justicia al haber estado involucrado en un accidente de tránsito donde murieron dos jóvenes, y regresó años después con la representación de Cutler Repaving Inc., la empresa de reciclaje más antigua en Estados Unidos, que desarrolló una tecnología para asfaltar mediante una máquina multiusos que conforme avanzaba, trituraba y mezclaba en un solo movimiento. Esa maravilla de la construcción le permitió a Castillo Cervantes despegar y conectarse con gobernadores de todos los partidos, y su volumen de contratos multimillonarios hizo que lo llamaran “el rey de los Dragones”, porque Dragón es como se conoce a esa máquina en la industria.
Castillo Cervantes fue detenido en McAllen, Texas, en noviembre de 2016, acusado de lavado de dinero, y en unas cuantas semanas prefirió soltar todo lo que sabía en la Corte Federal en Corpus Christie, donde se integró un expediente de 30 mil fojas de las cuales, 79 fueron desclasificadas esta semana. Castillo Cervantes, se puede presumir, alcanzó un acuerdo con los fiscales federales de aportar información a cambio de reducción de su pena. Lo que dibuja este nano volumen de documentos de su caso, es una historia de horror sobre los niveles de corrupción a los que ha llegado la clase política mexicana.
Ochenta millones de pesos le entregó por una sola obra al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y a su sucesor, Jorge Juan Torres, le dio 6.8 millones de dólares en sobornos, además de haberle ayudado, al igual que al ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a lavar “decenas de millones de dólares” en el International Bank, del que tenía 7% de sus acciones, donde también lavó tres millones de dólares para el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. Otro ex gobernador tamaulipeco, Tomás Yarrington, quien está detenido y acusado de ser parte orgánica de los cárteles tamaulipecos, también fue involucrado por Castillo Cervantes, aunque en la documentación pública no se precisan los detalles.
Cinco gobernadores son un exceso de corruptos, o presuntos corruptos mientras no sean sentenciados, quienes se suman a una lista importante de ex mandatarios metidos en problemas con la justicia. En la cárcel se encuentra el de Sonora, Guillermo Padrés, y el de Michoacán, Jesús Reyna. Javier Duarte de Veracruz está en una cárcel guatemalteca en espera de su extradición, mientras que el de Chihuahua, César Duarte, está por convertirse en prófugo de la justicia, como es el destino mediato de Roberto Borge de Quintana Roo. Rodrigo Medina, de Nuevo León, lleva casi un año defendiéndose de ir a la cárcel en forma definitiva ante lo que se acusa a la mayoría, desvío de recursos. Qué sistema político tan podrido es bajo el cual se rigen más de 120 millones de mexicanos.
Castillo Cervantes, que tiene 56 años y corría el riesgo de ser sentenciado a 20 años de prisión, optó por hablar y declararse culpable, para convertirse en un testigo protegido del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre las relaciones que tuvo, de acuerdo con los documentos de la Corte Federal, aparecen varios ex gobernadores, como Enrique Peña Nieto del estado de México, aunque no hay insinuación en lo que se conoce públicamente de ningún acto de corrupción o desvíos de dinero. No existe señal alguna sobre qué más pudiera aparecer en las 30 mil fojas del expediente, pues si bien “el rey de los Dragones” trató con políticos y empresarios de todo el país, no significa que se dieran irregularidades en cada contrato que obtuvo.
Un paisano suyo lo ayudó a introducirse en los grandes círculos del poder, Juan Armando Hinojosa, del Grupo Higa, y los ex gobernadores, Enrique Martínez y Martínez de Coahuila, y Alfredo del Mazo González del estado de México, lo llevaban con gobernadores para ofrecer sus servicios. Castillo Cervantes solía invitar a reuniones de negocios a una de sus casas en Texas a gobernadores mexicanos, a quienes les enviaba sus aviones para que los transportaran sin mayor problema. Cuántos de quienes estuvieron ahí participaron de actos delictivos, no se sabe.
Lo que sí aparece con detalle en el expediente, son los diferentes modelos de creación de empresas fantasmas para triangular operaciones financieras ilegales con cuatro de los cinco ex gobernadores que supuestamente participaron del multimillonario esquema de corrupción que se extendió durante casi 15 años y que utilizó paraísos fiscales en el Caribe. La ingeniería financiera que describió Castillo Cervantes involucra a empresarios en varios estados y a secretarios de Finanzas en las entidades señaladas, pero también arroja elementos que llaman la atención, como el que varias cuentas a las que se transfirieron recursos ilegales, según la justicia estadounidense, estuvieran a nombre de algunos de los ex gobernadores.
El descuido para cubrir las huellas de actos criminales habla de negligencia y hasta una tontería, pero sobre todo de la idea de impunidad. Vistas las líneas de tiempo de las investigaciones en Estados Unidos que están mostrando la corrupción de gobernadores, el sabor de boca que deja es que los incentivos para administrar dentro de los límites de la ley, fueron mucho menores que aquellos para enriquecerse a costa del erario, y sin pensar en la rendición de cuentas, que los ha alcanzado.
