Las autoridades de Estados Unidos anunciaron que a partir del próximo 29 de noviembre las personas que no cuenten con documentos para probar su estancia legal en el país ya no podrán ser deportados únicamente por este motivo, y que se deberá analizar de manera integral cada caso para determinar su condición migratoria.
Alejando Mayorkas, secretario de seguridad nacional de Estados Unidos, aseguró esta tarde que “nos guiamos por el conocimiento de que hay personas en nuestro país que han estado aquí durante generaciones y han contribuido a nuestro bienestar”.
Además agregó que “mientras nos esforzamos por brindarles un camino hacia el estatus legal, no gastaremos recursos buscando eliminar a aquellos que no representan una amenaza y, de hecho, fortalecen a nuestra nación”.
Los nuevos lineamientos indican que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) no podrán arrestar a personas indocumentadas que hayan sido acusadas por “empleadores abusivos”, así como otros miembros de la comunidad estadounidense que contribuyen a través de diversos trabajos o funciones elementales.
El secretario también mencionó que los esfuerzos de arresto y deportación se deben centrar en las personas que sí representan una amenaza para la seguridad nacional, aquellos que tengan antecedentes de delitos graves, sospechosos de terrorismo o espionaje, así como quienes hayan cruzado ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos después del 1 de noviembre del año pasado.
“¿Vamos a pasar el tiempo deteniendo y deportando al campesino que trabaja de sol a sol para cosechar la fruta que ponemos en nuestras mesas? Porque si perseguimos a ese individuo no estaremos gastando los mismos recursos en alguien que, de hecho, sí es una amenaza para nuestra seguridad. De eso se trata todo esto “, declaró Mayorkas al diario The Washington Post.
Este anuncio significa un alivio para al menos 11 millones de personas que, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, viven en territorio estadounidense, sin documentos y que eran objeto de múltiples abusos, tanto laborales como de renta o servicios sociales, a causa de su situación migratoria.
Los nuevos lineamientos de migración marcan un cambio radical respecto a la política que el expresidente Donald Trump impulsó durante su gobierno, en la que cualquier persona indocumentada podría ser arrestada y deportada de inmediato sin consideración de sus antecedentes, situación familiar o actividad laboral.
