Las entidades federativas se resisten a rendir cuentas sobre destino del gasto público, al invertir menos recursos en las auditorías.
El presupuesto anual dirigido a las auditorías estatales es dispar, sin que exista una regulación para homogenizar el monto a invertirse en los órganos de fiscalización, pues mientras que hay algunas que reciben más fondos, hay otras que reciben menos.
De acuerdo con la investigación “Congresos ricos, auditorías pobres” publicada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), entre 2020 y 2022 tres estados registraron disminuciones en sus recursos; en el caso de Guanajuato cayeron 20%, San Luis Potosí reportó una disminución del 9.6%, y en Durango con menos 4.7 por ciento.
En la revisión del presupuesto de este año, se observó que ocho estados registraron los presupuestos más bajos a nivel nacional, como Tamaulipas, Oaxaca, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Veracruz, Morelos y estado de México, desde 27 pesos por persona a 16 pesos.
“Siete estados destinan menos del 20% del presupuesto del poder Legislativo a sus auditorías estatales. Destacan Morelos, que sólo destinan 7.7%, Baja California Sur el 12.4% y Aguascalientes el 15.6%”, se precisa en el informe.
“Morelos es de los estados que menos recursos destina a su auditoría por habitante, y también el que menos destina como porcentaje del presupuesto total de su Poder Legislativo”, se detalla.
La auditoría de la Ciudad de México es la que cuenta con más recursos con 673 millones de pesos asignados para erogar en 2022; le sigue Jalisco con 326 millones de pesos; y San Luis Potosí con 300 millones de pesos.
“El poder Legislativo de San Luis Potosí es el que destina mayor porcentaje de su presupuesto a su auditoría estatal (50%). Le siguen Coahuila (46.7%) y Puebla (46.1%).
Ante esto, el Imco propone destinar al menos 20% del presupuesto del Poder legislativo, con lo que se asegura el funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o de los congresistas.
3 estados reportaron disminuciones de hasta 20% en recursos destinados a auditorías.
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