De la revisión de la Cuenta Pública 2022, el gasto federalizado, es decir los recursos de la Federación que le son transferidos a los estados y municipios, fue el que concentró la mayor cantidad de irregularidades, con un monto superior a los 4 mil 664 millones de pesos pendientes por aclarar.
De acuerdo con el segundo informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente a la Cuenta Pública 2022, fueron los rubros de educación e infraestructura social los que focalizaron las anomalías más cuantiosas con montos que alcanzaron los 2 mil 802 y mil 024 millones de pesos, respectivamente, por encima de las observaciones detectadas en materia de Seguridad (138 mil 076 mdp) y las Participaciones Federales con observaciones por 687 mil 099 millones de pesos.
Más del 54% de las mayores irregularidades detectadas en el gasto federalizado se ubicaron en cuatro entidades encabezadas por Durango, con una suma pendiente de aclarar de más mil 140 millones; seguido de Coahuila, con un monto de 628 millones; Nayarit, con 435 millones y Puebla con más 392 millones de pesos. En tanto que Aguascalientes, Ciudad de México, Guanajuato y Querétaro figuraron sin observaciones por aclarar.
En tanto que de las 144 observaciones que se generaron en la fiscalización de la ASF, que implicó un promedio de 4.5 observaciones por auditoría, en el caso de las entidades se atendieron un total de 84, equivalentes al 58.3% del total, y en consecuencia las 60 observaciones faltantes implicaron el 41.7 por ciento pendientes por solventar.
Los recursos faltantes por aclarar de las observaciones al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISDF) superaron los 692.9 millones de pesos.
Y fueron las obras y acciones fuera de los lineamientos del Fondo de Aportaciones; así como las obras y acciones que “no benefician a población en condiciones de rezago social y pobreza extrema”, y las obras pagadas no ejecutadas o de mala calidad las que concentraron las irregularidades más recurrentes.
Otros conceptos por aclarar, cuyo importe asciende a 1,198 millones de pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) en las entidades federativas, a la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), el Fondo de Aportaciones Federales (FAM), entre otros fondos dados a los estados.
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