La Portada | Estado es quien ‘acciona’ el gatillo contra periodistas en México

Los crímenes ocurrieron en prácticamente el 70% del territorio, en 21 estados del país, y en distintas fechas en el último lustro. Es sólo una muestra de un universo más amplio, en aumento y en donde estos ataques muestran patrones similares: dominan grupos criminales, homicidios al alza y con gobiernos, políticos y autoridades de seguridad y judiciales señaladas por corrupción e incluso con nexos delictivos. Así han sido al menos 78 periodistas y personas defensoras de derechos humanos que denunciaron actos de corrupción, desapariciones, abusos de poder, contra el ambiente, despojos y la imperante violencia propiciada o tolerada por grupos fácticos.

Los asesinatos se consumaron en operaciones bien planeadas y en su mayoría con sicarios entrenados, que en muchos de los casos las víctimas recibieron amenazas previas, pese a lo evidente: las indagatorias para esclarecerlos se extinguieron, permanecen estancadas, e incluso en varios casos los encargados de esclarecerlos se apresuraron a poner en entredicho a la propia víctima o los motivos de su asesinato, descartando un ataque por su trabajo profesional o su defensa de los derechos humanos.

Es así como los autores de esos crímenes que implican amenazas, agresiones, torturas, desapariciones y homicidios colocaron como objetivos vulnerables a quienes exhibían y denunciaron lo que ocurría en sus comunidades; la mecánica que utilizaron fue la misma y los autores lograron su primer cometido: la autocensura y el silencio.

ejecentral revisó lo ocurrido en los últimos cinco años e identificó estos casi 80 casos de asesinatos o desapariciones de periodistas y activistas en los que habría elementos reiterados por organizaciones e instancias nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y libertad de expresión, para suponer que fue por razones de su profesión y la defensa de sus causas por las que fueron acallados, y en la mayoría de estos los principales interesados en hacerlo fueron los encargados de garantizar su seguridad y bienestar: autoridades, en colusión con grupos criminales.

“Vemos un juego muy sucio por parte de las fiscalías locales de querer desestimar los asesinatos, los crímenes que se cometen contra periodistas, desvincular la labor periodística, lo cual es sumamente grave porque quieren decir que el crimen devino de otras circunstancias”, advirtió a ejecentral la abogada Sara Mendiola Landeros, directora de la organización Propuesta Cívica, enfocada a la defensa y promoción de los derechos humanos y la libertad de expresión en México.

Para la jurista, así como organizaciones tanto nacionales como internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y los periodistas, México enfrenta un fenómeno creciente “de violencia sistemática contra la prensa que tiene como factores de fondo: la corrupción política, el narcotráfico y la narco-política, ya que existen muchas zonas del país gobernadas de manera informal por grupos de la delincuencia organizada que tiene una responsabilidad directa y una explicación a este fenómeno de violencia que está sufriendo la prensa”.

Pese a que esta violencia creciente contra la prensa son las autoridades estatales y municipales “quienes más participan” en ella, el director regional de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, acusó que estas autoridades locales se han valido del “discurso presidencial que se ha convertido en una invitación para que la violencia se perpetúe, por los propios actores políticos locales, altos funcionarios, gobernadores, presidentes municipales que utilizan el mismo discurso, lo cual escala a otro tipo de acciones más violentas como el acoso judicial, las amenazas y agresiones físicas”.

Estos ataques en que confabulan poderes políticos y criminales, es algo que también ha ocurrido en Colombia, en donde los asesinatos de periodistas y activistas son actos cotidianos. Ángela Caro, asesora legal en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización no gubernamental que defiende y promueve la libertad de prensa en Colombia, reconoció que la “violencia ha tenido una multiplicidad de actores y dentro de estos grupos también se encuentran agentes del Estado (colombiano) y en estos casos es mucho más complejo el avance de las investigaciones porque se articulan distintas estrategias que impiden que se pueda conocer y llegar a profundidad el esclarecer cuáles fueron las circunstancias que rodearon estos hechos”.

Aunque señaló que desde el año 2000 cuentan con un mecanismo de protección a periodistas, a la fecha y en similitud con nuestro país, “tiene muchísimas falencias y en muchas veces no puede brindar respuesta efectiva para garantizar la prevención y protección de la violencia”. Ya que destacó que el índice de impunidad de los 162 casos que ha documentado FLIP es del 78.8% debido en buena medida a que “la Fiscalía General de la Nación y demás órganos de investigación no han implementado estrategias y una política integral de investigación que pueda resolver ese regazo en el esclarecimiento de los casos”, señaló Caro.

¿Prensa? ¡Disparen!

Ante una realidad en la que más del 98% de las agresiones contra periodistas permanecen en la impunidad y absolutamente todos los casos, el 100% de las desapariciones de comunicadores siguen sin resolverse, en México son las propias autoridades y gobiernos, los principales responsables de salvaguardar la integridad de la sociedad, quienes perpetúan, motivan o toleran los ataques contra la prensa y las personas defensoras de una causa o bien común.

“Las fiscalías están muy renuentes a que abogados independientes u organizaciones civiles litiguen estos casos. Quienes están directamente en el tema de las investigaciones y tienen la facultad de ir al fondo son finalmente quienes obstruyen el proceso. Las fiscalías son muy opacas y a pesar de que las víctimas tienen la necesidad de ser asesoradas, acusó Balbina Flores Martínez, representante en México de la organización Reporteros Sin fronteras (RSF).

Para muestra de esta realidad hay muchos ejemplos. De acuerdo con el seguimiento de los casos de periodistas amenazados y finalmente asesinados en el país en varios de los casos fueron autoridades o actores políticos quienes alcanzaron a ser denunciados por sus víctimas o hubo indicios que llevaron a evidenciar la suerte de simbiosis que existe entre funcionarios públicos-políticos con organizaciones criminales.

Tres casos emblemáticos que ejemplifican esa colusión, pero en los que inéditamente se lograron fincar responsabilidades tanto a autores materiales como intelectuales fueron los asesinatos de Miroslava Breach, en Chihuahua; de Javier Valdez en Sinaloa, y María Elena Ferral en Veracruz.

En el caso de los dos primeros, son “una excepción en nuestro país, porque contaron con una representación especializada por parte de Propuesta Cívica, pero también por la presión que tuvieron a nivel nacional e internacional, y el trabajo indispensable de la prensa en el logro de estas sentencias al darle seguimiento”, subrayó Mendiola Landeros.

“En la experiencia de casos que nosotros -como Propuesta Cívica- hemos representado de periodistas agredidos y asesinados hay una participación y una colusión clara entre gobierno y actores del crimen organizado quienes ordenan el asesinato son funcionarios públicos y quienes ejecutan el asesinato son actores del narcotráfico. Hoy en día en el caso de Miroslava Breach tenemos a un expresidente municipal en la cárcel condenado a prisión por su participación en el crimen”, recordó Sara.

Y es que regionalmente Chihuahua y Culiacán, las dos ciudades donde ocurrieron respectivamente esos crímenes se han consolidado como focos rojos de violencia debido principalmente a la pugna por el control territorial entre grupos delictivos y el contubernio de éstos con el ámbito político-empresarial y de gobierno, lo cual fue evidenciado en reportajes de Breach y Valdez, por lo que “una de las mayores exigencias en las fiscalías fue que las líneas de investigación se desligaran atendiendo el contexto de libertad de expresión, de libertad de prensa, atendiendo lo que estos periodistas estaban atendiendo y publicando”, señaló Mendiola Landeros.

Pero tal y como apuntó la directora de Propuesta Cívica se trata de casos excepcionales, pues entre 2017 y 2021 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la FGR contaba sólo con 24 sentencias en los casos de agresiones contra periodistas, de los cuales sólo ocho correspondientes a casos de homicidios de comunicadores, “pero sólo con autores materiales, con autores intelectuales a la fecha no hay (sentencias). En el caso de desaparecidos sí podemos decir con toda certeza que hay el 100 por ciento de impunidad”, lamentó Balbina Flores de RSF.

Palabras y balazos

“Me apuntó a la cabeza y me dijo: ya te llevo la verga, vine por ti periodista, te voy a matar, al momento que jalaba el gatillo y yo vi que se le encasquilló”, relató a este periódico Netzahualcóyotl Cordero García, director del portal CGNoticias, quien logró sobrevivir a un ataque armado en su domicilio en Quintana Roo el martes de esta semana.

En su caso las amenazas provinieron de un desconocido armado que tenía el objetivo de asesinarlo, pero en muchos casos más las advertencias surgen directamente de quienes legal y constitucionalmente tienen el mandato de proteger a la ciudadanía y las leyes. Tal fue el caso del alcalde de Huejutla Hidalgo, Daniel Andrade Zurutuza quien advirtió a un reportero local: “Bajas a chingar a su madre eso (la publicación) o ahora sí vas a ver eh”, de acuerdo con un audio dado a conocer a finales de septiembre pasado.

Otro ejemplo es el del actual diputado federal, Armando Cabada Alvídrez en cuya administración como presidente municipal de Ciudad Juárez fueron asesinados los periodistas Teresa Aracely Alcocer y Arturo Alba Medina; además de que en febrero de 2018 fue públicamente evidenciado por el periodista Héctor González de haber amenazado de muerte, luego de que ambos se encontraron en un restaurante y el entonces edil le dijo: “pinche reportero de mierda, no sabes con quién te metiste, te voy a romper tu madre, tienes los días contados”, denunció el entonces director de contenidos editoriales de Televisa Chihuahua.

En ese sentido, Leopoldo Maldonado de Artículo 19 reiteró que el hecho de tener a un presidente de la República que prácticamente habla todos los días en contra de la prensa y “a propósito del asesinato de Lourdes Maldonado —asesinada el pasado 23 de enero en Tijuana— no fue capaz de articular un discurso contundente, de condena, de reconocimiento a la labor periodística, de mirar los compromisos para erradicar este problema, sino un discurso a la defensiva que acusada de politiquería y cerró con broche de oro al señalar que hay pocos periodistas en México que ejercen ese noble oficio”.

Para el activista es “el interés político el mantener fuera del foco las notas o información de interés público que tiene que ver con el actuar de estos grupos políticos en contubernio con grupos de poder económico e inclusive criminal, lo que está detrás de la violencia contra la prensa”; al respecto alertó que en México “estamos en una circunstancia en donde se está agudizando esta violencia, pero no hay una respuesta contundente del Estado, se mantienen los niveles de impunidad de más del 98% en los casos y hay que sumarle un discurso muy virulento en contra de la prensa”.

Colombia y México, espejo de una crisis

Silenciar a la prensa crítica e independiente, así como a personas defensoras de Derechos Humanos, de causas sociales, ambientales y denunciantes de corrupción y abusos, se ha convertido en un objetivo para los grupos de poder en el ámbito público, político y de gobierno. Una situación en la que México y Colombia panoramas sumamente similares y una de estas coincidencias apunta, precisamente, a los niveles de impunidad en que se mantienen estos crímenes.

Al respecto Ángela Caro, asesora legal en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización no gubernamental que defiende y promueve la libertad de prensa en Colombia, reconoció que “Colombia vive actualmente un clima álgido de violencia contra periodistas que no sólo se manifiesta en hechos violentos, también hay agresiones como el acoso judicial que emprenden distintas figuras públicas para silenciar a la prensa y son agresiones que lo que hacen es generar un clima de auto censura para poder salvaguardar su integridad”.

Las condiciones para liderazgos sociales y personas defensoras de DDHH, en pro de temas medio ambientales, de restitución de tierras, entre otras causas no es diferente a la de los periodistas en ambos países y evidencia de ello señaló Fabiola León Posada, corresponsal de Reporteros sin Fronteras en Colombia es el hecho de que desde el último lustro, después de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), la violencia ha repuntado al grado de que “en estos últimos cinco años han sido asesinados cerca de mil 200 líderes y lideresas defensores de Derechos Humanos, una cifra mucho más alta de los registrados por las organizaciones en 2008 y otros periodos”.

A tal grado escaló esta situación, indicó Fabiola, que “llegamos a estar en los primeros o segundo lugares a nivel mundial de los países con más asesinatos contra defensores de derechos humanos, peor también de defensores del medio ambiente, con personas que tienen una vinculación social y se relacionan con dos o tres luchas diferentes, es decir trabajan en la defensa de los Derechos Humanos, pero también en la defensa de la tierra, además son parte de las asociaciones o juntas comunales en los territorios”.

Y son precisamente esas causas y demandas, las principales razones o motivos “la causa fundamental de estos asesinatos, porque terminan generando una incidencia que atenta contra los intereses económicos y políticos nacionales e internacionales en diferentes partes del territorio colombiano”, recalcó.

Dentro de esta problemática, León Posada destaca la relevancia del narcotráfico presente en ambos países “y cómo ha permeado en muchas estructuras paramilitares en la sociedad, las familias, las empresas, y empezó a cooptar todas las instancias, lo cual tiene que ver mucho con la impunidad”. Una característica en la que tienen muchas similitudes los contextos mexicano y colombiano, señaló.

“Si tratamos de hacer una mirada de la violencia en los dos países, una parte es todo el tema social, que esta asociada a las desigualdades. Colombia es un país que tiene mayores desigualdades durante más tiempo, entonces, las conflictividades han sido permanentes porque no ha habido un momento específico en la historia en el que se haya logrado estar mejor (...)

“México de una otra manera aunque tiene desigualdades no son tan profundas como las nuestras y tuvo la oportunidad en su momento con el tema de la reforma agraria de lograr un poco de equilibrio, que si bien ya ha pasado mucho tiempo, genera condiciones diferentes pues acá estamos aún en al pelea por al desigualdad de la tierra. Siempre el punto neurálgico de la conflictividad social”, destacó Fabiola respecto a la persecución y asesinato de personas defensoras en esos temas.

Además advirtió que, “mientras los altos niveles de impunidad –se mantengan-- hacen que los crímenes y las violencias continúen, no hay una sanción efectiva, nunca se da con los responsables intelectuales en la mayoría de los casos; si no haya eficacia en las investigaciones, sencillamente hay un permiso para seguir delinquiendo y ocurre tanto en los asesinatos de defensores como en los asesinatos y amenazas en contra de los líderes (sociales)”, subrayó la representante de RSF en Colombia.

Agresores de gran escala

La violencia ejercida en localidades y municipios en contra de líderes sociales, defensores y periodistas en México, coinciden especialistas y organismos consultados, provienen de los vínculos y la actuación de organizaciones criminales transnacionales que, aunque a nivel nacional son percibidos como grupos criminales, en realidad se trata de redes bien articuladas e incrustadas en las altas esferas políticas, empresariales y gubernamentales.

Desde la óptica de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, en México no se ha tomado con relevancia e incluso se ha rechazado por parte del presidente López Obrador el que los cárteles mexicanos, con operaciones transnacionales, como organizaciones terroristas. La discusión ha estado presente desde el arranque del gobierno actual y en diciembre de 2019, el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos, distribuyó entre los legisladores de ese país un análisis sobre las implicaciones políticas que tendría ese reconocimiento.

Esta discusión en territorio estadounidense revivió a partir de la masacre en contra de integrantes de la familia Lebaron, ocurrida en noviembre de ese año, en la que fueron asesinadas nueve personas, entre ellas seis menores de edad.

El documento del Congreso estadounidense plantea que la violencia que ejercen los grupos criminales mexicanos podría cumplir con los criterios de actividad terrorista o terrorismo, en términos de la ley de estadounidense.

“Las organizaciones criminales mexicanas utilizan la violencia extrema para controlar los mercados ilícitos. Disuaden a quienes interfieren en sus empresas criminales con tácticas que incluyen secuestro, tortura, asesinato, narco-mensajes e intimidación. Llamando la atención sobre su uso de la violencia como una táctica terrorista potencial, estas organizaciones han derribado un helicóptero del Ejército, superado en armas a las autoridades mexicanas y asesinado a periodistas, funcionarios públicos y candidatos políticos”, sostiene el documento.

Pero no han sido así designados por implicaciones de la relación política con el gobierno mexicano, los costos económicos que se incrementarían para las empresas estadounidenses que operan en el territorio y podrían incrementarse las solicitudes de asilo político en Estados Unidos, argumentando amenazas por terroristas.

Sin embargo, la discusión sobre considerarlos como terroristas no se ha cerrado, porque los integrantes de estos grupos podrían ser enjuiciados por más delitos y con ellos todos los que colaboren en sus negocios de drogas, trata de personas, o los que les proveen de armas, los vendedores al menudeo de narcóticos, los blanqueadores de dinero o sicarios.

Y es que precisamente la revisión de estos casos de periodistas y defensores de Derechos Humanos o favor de la recuperación de tierras refleja que son en ciudades y municipios donde estos cárteles y sus escisiones mantienen un poderío, auspiciado en buena medida por las propias corporaciones y funcionarios encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia a nivel estatal y municipal, que a su vez han procurado una especie de “manto de impunidad” ante la falta de protección de los activistas y reporteros amenazados y en peligro y el estancamiento de las indagatorias para conseguir justicia después de ser atacados, asesinados o desaparecidos.

›En la revisión que hizo ejecentral de los casos, todos ocurrieron en lugares en los que los homicidios están creciendo o se mantienen constantes; hay presencia de poderosos cárteles dedicados al tráfico de drogas, de personas o de armas; robo de combustible o delitos ambientales; se han denunciado extorsiones, secuestros de empresarios o su desaparición.

Otro de los elementos que arroja el cruce de datos refiere a que estos grupos están peleando el control del territorio con otras organizaciones, por lo que se registran enfrentamientos o ataques a personas, se exhiben cuerpos o se ataca a autoridades. Un ingrediente más es que alcaldes, síndicos, policías o investigadores, en esos lugares han sido denunciados por actos de corrupción, abusos de autoridad o sospechas de vínculos con organizaciones criminales. Los periodistas asesinados daban cuenta de estos hechos violentos, y los activistas exhibían a esas autoridades.

No se puede afirmar que sus crímenes fueron cometidos por la alianza entre autoridades y estos grupos fácticos, porque las investigaciones, que se mantienen en el ámbito local, no avanzan; y la Fiscalía General de la República (FGR) prácticamente no quiere atraer estos casos, a pesar de las denuncias de organizaciones de la impunidad en que se mantienen los casos por la posible complicidad que existe. Hasta ahora la FGR sólo ha atraído tres de los asesinatos contra periodistas cometidos en este gobierno.

La deuda impagable

En el gobierno que hoy encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, como ha ocurrido en sexenios anteriores, el Estado ha reconocido la falta de acciones contundentes y una política pública que logre erradicar la violencia en contra de periodistas y personas defensoras de DDHH; sin embargo, la iniciativa que ahora plantea la Secretaría de Gobernación por impulsar un “Sistema Nacional de Protección” podría implicar que la búsqueda de esa corresponsabilidad entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, terminé por deslindar a la Federación de su responsabilidad.

Tomando en cuenta que son las autoridades locales los principales perpetradores de la violencia, Leopoldo Maldonado advierte que el peligro que se corre si no hay claridad con estas reformas “es que efectivamente el gobierno federal se sustraiga de sus obligaciones, por quitarse un problema o una carga política, y deje el problema a nivel local, donde sería ¡un completo peligro para la prensa!, porque es dejar en manos de los perpetradores la vida y la integridad de las víctimas. Se trata de hacerlos corresponsables, pero también de hacerlos rendir cuentas porque ese es el principal incentivo para que la violencia permanezca”, advirtió.

Sobre ese punto Sara Mendiola subrayó que, ante la escasa capacidad de la FEADLE, el transitar de una ley federal a una ley general para hacer partícipes a las entidades de esta obligación a los estados de proteger la vida y salvaguarda de las personas periodistas y personas defensoras de este país es bien visto por las organizaciones civiles, “pero lo que no puede hacer la Federación es delegar responsabilidad absoluta a los estados y menos en los estados donde son precisamente los propios gobiernos, las propias autoridades locales, las que están agrediendo a periodistas, ¿por qué no se resuelve este problema? Por la falta de voluntad política y porque los gobiernos llegan al poder totalmente comprometidos con las fuerzas del crimen organizado”, advirtió.

Balbina Flores reiteró que las discusiones en estos diálogos regionales que el pasado 17 de enero emprendió el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, en busca de generar una nueva iniciativa de ley para proteger a activistas y comunicadores recae en un tema “sobreevaluado” y “sobre diagnosticado” del cual no ha habido resultados tangibles.

“Voluntad y buenas intenciones hay, pero lo más grave es este contexto que supera en mucho esas buenas intenciones. Diagnósticos sobre el mecanismo --de Protección a Periodistas y Personas Defensoras-- de las ONG´s hay muchos; está sobreevaluado, ahí están las 102 recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado, las recomendaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, observaciones y recomendaciones hay, lo que no vemos con mucha claridad es el cumplimiento de éstas”, sostuvo la activista.