La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó implementar medidas cautelares a distintas dependencias federales ante los señalamientos de espionaje contra periodistas y activistas sociales, lo que asegura que constituye una violación a derechos humanos y es un delito que debe ser investigado y sancionado.
Mediante un comunicado, la Comisión informó que recibió un escrito de queja presentado por las personas que refieren haber sido víctimas de ataques informáticos de vigilancia a través de sus teléfonos celulares, a través del software Pegasus, presuntamente operado y adquirido por distintas dependencias del Estado mexicano, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Procuraduría General de la República (PGR), lo que vulnera sus derechos humanos a la honra, intimidad, privacidad, a la dignidad y a no ser molestados.
De esta forma, al reunirse los requisitos de riesgo e irreparabilidad del daño, la CNDH solicitó implementar acciones a las dependencias mencionadas para que en caso de poseer el sistema Pegasus o cualquier otro que se emplee para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de usarlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional.
También se pidió que en caso de haber obtenido información mediante este spyware, se abstengan de utilizarla y difundirla, así como instruir a los servidores públicos de esas dependencias a garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de los afectados, sin contravenir su derecho a la privacidad.
En específico, a la PGR se le requirió instruir al personal ministerial que conozca de las denuncias presentadas por los agraviados, para que realicen la investigación con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.
La CNDH recordó que si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida en México, la Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial, por lo que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y activistas, es un delito que debe ser sancionado.
Precisó que tuvo conocimiento del reportaje publicado el pasado 19 de junio en el diario norteamericano “The New York Times” sobre el espionaje a activistas y periodistas en México, así como del contenido del informe difundido ese mismo día por la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Artículo 19 y SocialTIC titulado “Gobierno espía”.
Algunas de las personas y organizaciones afectadas por el sistema de espionaje son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro ProDH) y sus colaboradores, el periodista Carlos Loret de Mola, el Instituto Mexicano para la Competitividad y sus colaboradores, Aristegui Noticias y sus colaboradores, el director de la organización “El Poder del Consumidor”, así como Carmen Aristegui y su hijo (entonces) menor de edad, sin que exista una orden judicial que autorice la intervención telefónica, único medio legal para justificar este tipo de acciones.
La CNDH toda conducta que busque afectar la privacidad de las personas, pues afecta su intimidad y sus derechos humanos y estará atento a la investigación de las autoridades de procuración de justicia.
