Cuando el ruido es ensordecedor, no escuchamos lo importante. Se acentúa la sordera y se agrava la vista cuando quien grita es menospreciado por la opinión pública, como sucedió el lunes con Cuauhtémoc Blanco y su brutal denuncia en la Fiscalía General sobre cómo el crimen organizado penetró las instituciones en Morelos. Ninguno de los principales diarios generalistas en la Ciudad de México concedieron valor periodístico a las imputaciones ante la autoridad, y metieron en páginas interiores lo que dijo. Habrá quien desprecie intelectual y políticamente a Blanco, pero es el gobernador de Morelos y a palabras tan severas, hay que prestarle atención.
Blanco fue a la Fiscalía General a presentar una denuncia “contra quien resulte responsable” de estar haciendo una campaña en su contra por la difusión de una fotografía donde aparece acompañado de dos líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación. A principios de año, cuando comenzó el escándalo por la fotografía, dijo que se trataba de ataques de narcopolíticos. Ayer les puso nombre y apellido, su antecesor Graco Ramírez, y el ex comisionado de Seguridad, Alberto Capella, a quienes acusó de haber pactado con Santiago Mazari, apodado El Carrete, que fue líder de la banda criminal Los Rojos, detenido en 2019 y sentenciado a 20 años de prisión por delincuencia organizada y secuestro.
Los imputados lo desmintieron, pero insistió que no se iba “a quedar con los brazos cruzados”, y amplió la presunta penetración del narcotráfico en Morelos: jueces, fiscales, policías estatales y municipales, agregó, están involucrados con el crimen organizado. Sus palabras en la puerta de la Fiscalía General muestran que los dos niveles de gobierno en Morelos y el Poder Judicial están coludidos con el narcotráfico, presuntamente con Los Rojos. Sus palabras podrían desestimarse, pero al haber presentado la denuncia ante las autoridades federales, la acusación tiene otra dimensión y nos introduce directamente al creciente fenómeno mexicano de la narcopolítica.
En 2007, cuando el presidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico, 80 municipios estaban bajo control criminal. Hoy, de acuerdo el gobierno de Estados Unidos, poco más de mil 600 están bajo el dominio de los cárteles de la droga. Hay regiones completas donde quien manda son los criminales, como en la Tierra Caliente de Michoacán y Guerrero, y zonas donde no sucede nada sin el aval de ellos, como Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora o Veracruz, la parte sur del Estado de México y la franja fronteriza en el norte del país. Hay territorios en disputa, como la ruta por donde pasarán el Tren Maya y el Canal Transísmico, o Zacatecas, cuádruple trasiego de drogas.
Morelos, al cual Blanco le ha puesto una bomba nuclear en sus raíces, ha sido durante casi toda esta década el gozne en el lucrativo corredor criminal que va del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a Guerrero. Inicialmente, cuando el Cártel de Sinaloa controlaba La Federación, el paraguas bajo el cual se agrupaban todos los cárteles con excepción del de Tijuana, El Golfo y Los Zetas, los responsables de esa vía eran los hermanos Arturo, Alfredo y Héctor Beltrán Leyva. Cuando la Federación se rompió en la primavera de 2008 y se dio el último gran realineamiento de los cárteles mexicanos, los Beltrán Leyva fueron perseguidos por el gobierno, que eliminó a su jefe, Arturo, y detuvo a sus lugartenientes. De esa organización nacieron Los Rojos y Guerreros Unidos, responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 -infiltrada por la banda de El Carrete-, y que controla más del 40% de la heroína que se trafica a Estados Unidos.
En el corredor donde Morelos juega el doble papel de santuario de sus jefes -ahí vivió Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, a unos cuantos metros de la casa del gobernador, y Arturo Beltrán Leyva-, y distribuidor de rutas, desde hace años las organizaciones criminales tienen respaldo de policías y de algunos sacerdotes católicos en Cuernavaca. Pero también de políticos, antes panistas y priistas, hoy vinculados a Morena, al PT y a Encuentro Social, que respalda a Blanco. De ahí, otra vertiente sobre lo relevante de su denuncia.
El Carrete, el líder criminal que dijo el gobernador pactó con Ramírez y Capella, controlaba Amacuzac, un punto importante de trasiego de heroína, donde su tío, Alfonso Miranda, fue presidente municipal impulsado por la coalición de los tres partidos que hoy están en el gobierno federal, y preso desde 2018 por los presuntos delitos de secuestro y delincuencia organizada, relacionado con Los Rojos, que tienen el control en Chilpancingo. En la Tierra Caliente, Guerreros Unidos son quienes tienen el control, y desde hace años han gozado del respaldo de los grupos que hoy están agrupados en Morena, que hicieron alcalde de Iguala a José Luis Abarca, presuntamente vinculado a esa organización criminal que fue fundada por los hermanos de su esposa, María de los Ángeles Pineda.
Blanco gobierna un estado que no es lo apacible que se piensa, sino que es un punto neurálgico de los criminales. Cuando inició su administración, el esquema de seguridad colapsó y la violencia comenzó a incrementarse rápidamente. Las autoridades no hicieron nada, pero quienes iban a Cuernavaca los fines de semana, como hacía años, dejaron de ir. Todo lo que pasaba allá en el tema de la seguridad, era visto bajo el enfoque político y en el maniqueísmo fácil de la lucha entre leales y adversarios. Lo que sucedió a 85 kilómetros de la capital federal, es que el estado se pudrió.
La denuncia de Blanco no puede quedarse en recriminaciones y acusaciones políticas. La Fiscalía General debe investigar urgentemente a partir de su denuncia, y el gobernador probar sus dichos sobre la narcopolítica. Son muchas las alertas que se han disparado sobre la penetración y el control del crimen organizado en el país para que persista la indiferencia de la clase gobernante, que se comporta como cómplice, por omisión o comisión, de los criminales.
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