En contubernio con funcionarios públicos y medios de comunicación vinculados al gobierno que encabeza Nicolás Maduro, en Venezuela ha sido posible instaurar una “política de represión”, reflejada por las detenciones arbitrarias por motivos políticos, que puede configurarse como crímenes de lesa humanidad de persecución.
Así lo señala un nuevo estudio elaborado por la organización de Amnistía Internacional, en conjunto con el Foro Penal y el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), ambas con sede en Caracas, en el que se advierte que la discriminación política con la que el régimen de Maduro persigue activistas y manifestantes, implica una práctica “sistemática de represión” que exige una investigación por la justicia internacional.
El estudio titulado “Represión calculada: correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela” indica que la correlación entre detenciones arbitrarias por motivos políticos, llevadas a cabo por agentes de seguridad estatal, y las estigmatizaciones, realizadas por varios medios de comunicación pasó de 29% (considerando ambas variables) en 2019, en 2020 aumentó al 42% y en el primer semestre de 2021 llegó hasta el 77 por ciento.
Al respecto Gonzalo Himiob, director del Foro Penal concluyó que, “no queda ninguna duda de la estrecha relación entre agentes del Estado venezolano, es decir, funcionarios públicos, medios de comunicación públicos y privados, y ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos, lo cual no debe quedar impune”.
