ENTREVISTA| Irinea Buendía, testimonio de una sentencia histórica sobre feminicidio

La sentencia que dictó en 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el caso de Mariana Lima fue histórica, por muchas cosas, entre ellas porque fue el primer caso de feminicidio que llegó a esa instancia, obligó al sistema de justicia mexiquense a indagar con perspectiva de género y abrió una ventana, al cerrarse las puertas, para acceder a la justicia no sólo para ella, sino para todas las mujeres asesinadas de México.

Mariana Lima Buendía tenía 29 años de edad, era estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Vivía en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con su esposo Julio César, quien fungía como policía judicial.

Un día antes de ser asesinada, Mariana le dijo a su madre Irinea Buendía que se separaría de su pareja, y que interpondría una denuncia para dejar precedente de la violencia familiar que Julio ejercía sobre de ella, física y psicológica.

El 28 junio de 2010 Irinea encontró a su hija sin vida. Mariana no llegó a interponer la denuncia de la que habló con su mamá, sin embargo, años después, Irinea convirtió esa demanda ausente en una sentencia histórica para todas las víctimas de feminicidio en México.

Tras el asesinato de Mariana, las autoridades siguieron una única línea de investigación: el suicidio. Julio César declaró que su esposa se había ahorcado al interior de la casa, hecho que las autoridades dieron por sentado, pese a que Irinea señaló golpes en el cuerpo de su hija, y denunció el ambiente de violencia intrafamiliar.

“Llegamos (a la casa de Mariana) y me doy cuenta que sí la había asesinado. Su cuerpo estaba golpeado y recién bañado. Había toallas mojadas, regadas sobre la cama. Él dijo que se ahorcó, pero la hallamos acostada. El cuerpo se veía que lo habían bañado, el pelo estaba húmedo, y ella acostada, con las plantas de los pies limpias, y las manos como cuando una persona tarda mucho tiempo en el agua, como arrugaditas. Eso nos indicaba que mi hija no se había ahorcado”, relata Irinea en entrevista.

Buendía asegura que, por ser policía judicial, Julio César recibió protección de las autoridades, “es un código no escrito que tienen las autoridades para darse protección entre servidores públicos”, considera.

Por un lado, los peritos no estuvieron en el lugar de los hechos, “aunque digan que sí; yo estuve ahí, no llegaron”, recuerda Irinea. En cambio, solo hicieron presencia un agente del Ministerio Público, la médico forense, el copiloto de la ambulancia forense y el chofer que la manejaba. Ese era el grupo investigador que llegó a la escena, cuenta Buendía.

Las inconsistencias fueron una constante desde entonces: “A la casa no llegó ningún policía porque dijeron que no era delito violento. Desconozco cómo lo supieron si no llegaron al lugar”. Por lo tanto, no hubo un embalaje de los objetos que había en la habitación, recuerda la madre de Mariana.

Inconforme con la versión del suicidio, Irinea tocó puertas e instancias para que el caso de su hija fuera debidamente investigado.

Una mañana Irinea escuchaba un programa de radio, cuando una madre comenzó a dar su testimonio sobre el asesinato de su hija, dejó de hacer todo lo que estaba haciendo y prestó atención. “Al final dieron un número telefónico, cuando marqué era el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)”, mismo que comenzó a dar acompañamiento y a seguir su caso.

La familia de Mariana acudió de nuevo a las autoridades de Chimalhuacán, le dieron su expediente que constaba sólo de cinco hojas, y lo llevó a Toluca. Antes hizo un paréntesis, para pedir apoyo jurídico en la UNAM, pero no tuvo éxito. Fue a Balderas, en la Ciudad de México, “donde hay edificios grandes con muchos abogados”, dice Irinea. Ahí le dijeron que si la autoridad determinó suicidio, no se podía hacer nada.

Las instancias siguieron sumándose en meses: de Chimalhuacán a Neza, de Neza a Barrientos, y de vuelta. Cuando Irinea cuestionó a una agente sobre su caso, la respuesta fue de molestia: “yo no trabajo a presión”.

Los ministerios públicos también cambiaron, y en 2011 se negó la exhumación del cuerpo y se determinó el no ejercicio de la acción penal.

“Me enojé (...) me pedían que les trajera un testigo”, pero “¿quién lleva testigos cuando va a matar a alguien?”, cuestiona la señora Buendía.

Con el acompañamiento del Observatorio, Irinea interpuso varios amparos que le fueron rechazados, finalmente, el último les llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sentencia Mariana Lima

Las sentencias de la SCJN no llevan nombre, esta sí, como parte de la reparación integral del daño y en memoria de Mariana Lima Buendía, pero no sólo es eso lo que la hace histórica.

El caso de Mariana fue el primer feminicidio en el país que llegó hasta la SCJN. El amparo 554/2013 derivó en la resolución del 2015 donde la Primera Sala del máximo tribunal señaló “que, de manera inmediata, se realicen todas las diligencias necesarias para investigar, con perspectiva de género, la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, cumpliendo con el marco constitucional y legal, y los lineamientos destacados en el presente fallo”.

Indagar con perspectiva de género y la debida diligencia fue lo que permitió el cese y captura de Julio César, pues se ordenó el levantamiento del no ejercicio de la acción penal, así como indagar otras hipótesis del caso y no sólo la del esposo, reabrir el caso de Mariana no sólo fue un paso para seguir pugnando por justicia para ella, sino que representa un modelo de cómo investigar las muertes violentas de mujeres en todo el territorio nacional.

A partir de ahora tenemos un primer precedente que va a obligar a todo el Poder Judicial a aplicar estos estándares en todos los casos que se conozcan en caso de muertes violentas de mujeres, y esto lo vuelve histórico”, dijo el abogado Rodolfo Domínguez, en entrevista con CNNMéxico, quien también es parte del OCNF.

La sentencia se emitió desde 2015 e incluye dos puntos más, sancionar a los servidores públicos que incurrieron en irregularidades que obstruyeron el acceso a la justicia y “reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar un cambio cultural, a partir de la adopción de medidas progresivas específicas para modificar patrones culturales y fomentar la educación y capacitación del personal en la administración de justicia”.

El juicio de Mariana Lima no se ha cerrado a casi nueve años de haber sucedido, pero su madre sigue firme en lo que requiere, “justicia y justicia”, pero sobre todo la emisión de una condena sin precedentes que inste a la no repetición del feminicidio.

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