En el marco de opciones polarizadas, la Ley General de Comunicación Social, también conocida como “Ley Chayote”, que regula la contratación de propaganda gubernamental, fue aprobada por la Cámara de Senadores con una votación reñida al tener 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, con una mayoría conformada por las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Ante el visto bueno del presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, para enviarla al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), legisladores de la oposición se han manifestado en contra de su aprobación, pues aseguran que en la ley no se reformó el tiempo de publicidad al artículo 134 de la Constitución, que fue justo lo que la sociedad civil pidió volver a reglamentar, pues al no establecerlo se viola la libertad de expresión, prensa e información. Angélica de la Peña, legisladora del PRD acusó que el proceso de legislación fue una simulación: Lo que pretenden hoy el PRI y sus aliados es que se apruebe aquí, con una mayoría que ya tienen, un proyecto que legaliza el mercado negro de propaganda política disfrazada de información”, arremetió. Advirtió que la minuta tiene un marco normativo que legitima el autoritarismo de antaño y atenta contra la libertad de expresión al pretender usar recurso públicos para controlar la línea editorial de los medios. Por su parte, el panista Héctor Larios, aseguró que tan sólo en este sexenio, Enrique Peña Nieto ha gastado 45 mil millones de pesos, esto aunado a 60 mil millones de los gobiernos locales. Entre los puntos que fueron desechados se encuentran la creación de un Consejo Nacional de Propaganda Gubernamental que le quite a la Secretaría de Gobernación el control sobre el gasto en dicha materia, así como el cambio de nombre por Ley General de Propaganda Gubernamental, a consideración de que el nombre actual es restrictiva con respecto a lo que establece la Constitución. (Con información de Reforma). AT/DA