Entre arraigo del narco y violencia política, asesinatos de periodistas en México

La violencia contra los periodistas continuó siendo la norma en este período de acuerdo con el informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Once periodistas fueron asesinados y, en todos los casos, los crímenes ocurrieron en el interior del país, donde el crimen organizado se encuentra arraigado. No se descartan, sin embargo, vínculos políticos en ninguno de los homicidios.

“La constante ante esta violencia sigue siendo la impunidad.

Ningún caso fue resuelto

y, aun cuando se supone que son investigaciones abiertas, ninguna autoridad ha confirmado la detención de los autores intelectuales ni materiales de estos crímenes”, advirtió en su informe para el caso México.

La reacción automática del gobierno nacional es lamentar el fallecimiento de los reporteros, prometer investigaciones serias y acusar a los medios de usar esos casos para hacer “amarillismo” y denostar al gobierno con exageraciones. Ante las altas tasas de criminalidad, el gobierno alimentó el debate proponiendo que la Guardia Nacional dependa del Ejército y no de instancias civiles.

“Desde que asumió en diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de acusar a los periodistas de ser parte de una conspiración empresarial para afectar a su gobierno. Argumenta que los ataques periodísticos se deben a que los medios y periodistas han perdido privilegios de publicidad y prebendas”.

En su conferencia mañanera de los miércoles, el Presidente mantiene su sección “Quién es quién en las mentiras”, en la que refuta a los medios críticos contraargumentando falsedades, datos parciales o haciendo desmentidos sin ofrecer pruebas.

Presionado por la cantidad de periodistas asesinados, el Presidente dijo que en 15 días presentaría un informe sobre las investigaciones, lo que no cumplió o lo hizo de forma parcial ante la falta de avances.

Artículo 19 presentó un informe sobre el primer semestre del año en el que documentó 331 agresiones contra la prensa y destacó que el Estado sigue siendo, desde hace 15 años, el principal agresor contra el periodismo.

Durante el actual gobierno el gasto en comunicación social para anunciar acciones y políticas se ha venido reduciendo año tras año. Existe una práctica discrecional y opaca para la asignación de publicidad oficial.

El 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte determinó que el Congreso debía corregir las omisiones detectadas en la Ley General de Comunicación Social, porque permitía el gasto discrecional en materia de publicidad gubernamental. También señaló que deberían establecerse criterios transparentes y claros sobre su otorgamiento.

La Cámara de Diputados, controlada por el partido oficial Morena, tenía una prórroga judicial para corregir la ley hasta el 30 de abril de este año. Argumentó que la prórroga era hasta octubre de este año, pero todavía no hizo correcciones.

Asesinatos de periodistas:

El 22 de agosto fue asesinado

Fredid Román, director y propietario del periódico La Realidad, medio de

Chilpancingo, Guerrero, cuando se encontraba a bordo de su vehículo. Fue director de los diarios Palabra y Expresión Popular, hasta que finalmente decidió fundar su propio periódico impreso. El día de su asesinato, testigos indicaron que Román acababa de salir de impartir talleres en la zona y que el homicida ya lo esperaba. Horas antes, el periodista publicó su última columna, “Crimen de Estado sin culpar al jefe”, en la que denunció una tibia investigación del gobierno de

Andrés Manuel López Obrador

del caso Ayotzinapa, y posteriormente emitió un vídeo en directo de un acto de la gobernadora Evelyn Salgado. La Fiscalía de Guerrero señaló que investigan la posible relación del crimen del periodista con el asesinato de su hijo el 1 de julio.

El 16 de agosto Juan Arjón López, periodista de 62 años, permaneció desaparecido por una semana, hasta que su cuerpo fue descubierto el 16 de agosto en San Luis Río Colorado, Sonora, cerca de la frontera con Baja California. Dirigía desde 2020 el portal “A qué le temes”, en el que publicaba noticias policiacas y de la comunidad. Murió por traumatismo craneoencefálico, según reveló la autopsia.

El 11 de agosto fueron asesinados cuatro trabajadores de Mega Radio Networks, en Ciudad Juárez, Chihuahua. El equipo del programa radial Switch 105.9 FM, compuesto por Allan González, locutor; Lino Flores, del área de Promociones; Armando Guerrero, gerente de Operaciones, y Alex Arriaga, guardaespaldas, transmitía en vivo desde el estacionamiento de una pizzería, cuando varios sicarios se bajaron de una camioneta y dispararon contra los clientes del local y contra ellos al ver la camioneta de la emisora. Ese día, miembros del crimen organizado perpetraron ataques violentos contra civiles y comercios en la ciudad.

El 3 de agosto fue asesinado Ernesto Méndez. Un grupo armado irrumpió en un bar de San Luis de la Paz, en Guanajuato, disparando en contra de seis personas. Cuatro perdieron la vida, entre estos el periodista que celebraba con familia y amigos el haber obtenido una de las concesiones entregadas para la Feria del Noroeste, un evento organizado por él y otros empresarios, según versiones de Zona Franca. Las autoridades abrieron cuatro líneas de investigación por el asesinato, una de ellas relacionada a su trabajo como comunicador. La extorsión a su negocio familiar habría sido la causa del asesinato del periodista, según señaló el 11 de agosto el subsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja. Roberto, alias “El Borrachito”, de 22 años, fue vinculado a proceso como el presunto asesino.

El 29 de junio fue asesinado Antonio de la Cruz, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, reportero del diario Expreso, cuando junto a su hija, conducía su camioneta. Una de las balas le atravesó el cuerpo y se incrustó en la cabeza de su hija, quien falleció en un hospital. Antes de su asesinato, el periodista publicó sobre una banda dedicada al robo de tarjetas de débito, la no asignación de 600 plazas para trabajadores de la salud y la compra a sobreprecio de insumos médicos para la pandemia de Covid-19, a través de contratos millonarios con empresas fachada.

El 9 de mayo asesinaron a Yesenia Mollinedo y Sheila Johana García, en Cosoleacaque, Veracruz, directora del periódico Veraz y reportera, respectivamente. Mollinedo había comunicado a su madre que sentía miedo, por amenazas por teléfono en la que personas memorizaban sus rutas de trabajo. El día del crimen fueron a cubrir el aseguramiento de armas en Minatitlán y la detención de tres personas. Luego de su trabajo fueron interceptadas por dos hombres que les dispararon en 16 ocasiones antes de huir a bordo de motocicletas. Yesenia falleció al instante; Johana, camino al hospital. Poco después de una semana de los asesinatos, la Fiscalía de Veracruz reconoció que detuvo por error a un estudiante de Xalapa en vez de al presunto asesino.

El 5 de mayo fue asesinado Luis Enrique Ramírez, en Sinaloa, director fundador del sitio de noticias Fuentes Fidedignas y principal columnista del periódico El Debate. Sujetos a bordo de un automóvil dejaron el cuerpo del periodista al sur de la colonia Antorchista, en Culiacán. La autopsia reveló que el periodista murió debido a un traumatismo craneoencefálico. El 27 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso estaba “prácticamente resuelto"; una semana y media después, el 6 de junio, la Fiscalía de Sinaloa descartó que el móvil del crimen de Ramírez se haya debido a su actividad profesional. Sin embargo, el 21 de julio el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, informó que fue detenida y vinculada a proceso Brysia Carolina “F”, señalada del delito de encubrimiento por favorecimiento. La mujer obtuvo el 9 de agosto un beneficio de ley para llevar el proceso fuera de prisión. MAAZ