Por su probable participación en la construcción de la llamada “verdad histórica” de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, altos exfuncionarios están bajo investigación e incluso se han solicitado órdenes de aprehensión en su contra, reveló hoy el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez.
Al presentar el segundo informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Encinas Rodríguez precisó que será la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR la que determine la probable responsabilidad de los funcionarios que habrían participado en las reuniones donde se planificó la conclusión del llamado caso Iguala.
Con base en la información proporcionada a la Covaj por el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, a la “junta de autoridades” donde presuntamente se fraguó la llamada “verdad histórica” habrían asistido autoridades federales del nivel del expresidente de la República, los extitulares de las Fuerzas Armadas y el exsecretario Gobernación, entre otros.
“Los responsables de la llamada junta de autoridades presidida por el entonces presidente de la República junto con funcionarios del más alto nivel de gobierno son los responsables directos de la construcción de esta Verdad Histórica”, reiteró el subsecretario.
Aunque de estas nuevas judicializaciones ya se han solicitado más órdenes de aprehensión en contra de altos exfuncionarios —cuyas identidades no fueron reveladas—, el subsecretario aclaró que el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, actualmente preso, es “quien ha asumido la responsabilidad personal, política y jurídica de la verdad histórica”.
Como parte de una serie de reuniones vinculadas a la “junta de autoridades” —encuentros que tuvieron lugar en la entonces residencia oficial de los Pinos—, las instalaciones de la extinta PGR en la ciudad de México y en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, dentro de los funcionarios federales y estatales que participaron también se señaló al hoy aspirante a coordinar la defensa de la transformación en la CDMX, Omar García Harfuch.
Al respecto, el exjefe de la policía capitalina emitió un posicionamiento en el que precisó que en octubre de 2014 se desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la desaparecida Policía Federal y no como coordinador estatal de Guerrero, y que en las reuniones que participó se establecieron las líneas de acción para buscar a los jóvenes en territorio, “sin abordar temas de investigación”.
Búsqueda en Sedena sigue
Respecto al reclamo de los familiares y abogados de los normalistas de que el Ejército entregue la totalidad de los archivos que se presume son imprescindibles para conocer el paradero de los estudiantes, el subsecretario Alejandro Encinas aseguró que la búsqueda de esos documentos se mantendrá por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En cuanto al fragmento de la conversación entre el jefe de plaza de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo El Gil y el subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Salgado Valladares sobre la entrega de al menos 17 estudiantes aquella noche del 26 de septiembre de 2014 —la cual fue revelada por la Covaj en 2021 y la reiterada respuesta de Sedena de que no cuenta con los documentos completos—, el subsecretario precisó que fue él quien halló dicha información en una revisión en la Segunda Sección de inteligencia de la Defensa Nacional.
Sin embargo, Encinas señaló que en ese sitio donde se encontraron las dos comunicaciones, de la revisión “uno por uno” de los miles de expedientes ya no se encontró más información. “No encontramos los números consecutivos que se señalan (de esas conversaciones) ni mayores registros, pero lo vamos a seguir haciendo”, aseguró.
Resultados. En su presentación, Encinas informó 132 detenciones, de las cuales 41 son de miembros de Guerreros Unidos.
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