Hace un mes se cumplieron ocho años desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y el caso que el presidente Andrés Manuel López Obrador
se comprometió a resolver durante su administración, podría alargarse más de lo esperado.
La premura del Presidente por dar resultados provocó que el caso comenzara a desmoronarse: desde la renuncia del fiscal principal, órdenes de aprehensión canceladas y una lista de pruebas poco “confiables”.
“Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, admitió el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times.
El compromiso de conocer la verdad
Crear la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (CoVAJ) del caso Ayotzinapa fue una de las primeras promesas que López Obrador lanzó como presidente de México y para sellar el compromiso, invitó a los familiares de los estudiantes a Palacio Nacional.
La meta era construir una investigación sólida y diferente a la llamada “verdad histórica” que se difundió durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Las investigaciones siguieron su curso, pero a falta de dos años para terminar su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a presionar a Alejandro Encinas, presidente de la CoVAJ.
“Nos quedan dos años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar”, narró el propio Encinas en entrevista para The New York Times.
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A raíz de esta presión, el caso comenzó a agilizarse. En junio pasado el propio López Obrador anunció que ya sabían lo que había pasado con los estudiantes y que en 2022 se resolvería el asunto.
Dos meses más tarde, Alejandro Encinas presentó el informe de la CoVAJ, en el cual se establecía una responsabilidad del Estado y de elementos militares; se habló entonces de más de 80 órdenes de aprehensión y se anunció que “todos los testimonios muestran que los estudiantes fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.
Ahora, en su entrevista con The New York Times, Alejandro Encinas reconoció que la evidencia nueva que se presentó no pudo verificarse como real y que “hay un porcentaje muy importante que está todo invalidado”.
Y es que a ocho años desde la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, las pruebas de testigos se convirtieron en una de las mejores herramientas para la investigación; por lo que Encinas se entrevistó con Tomás Zerón, titular de la Agencia de Investigación Criminal en 2014.
Tomás Zerón, actualmente en Israel y para quien México solicitó ya una orden de extradición, se negó a cooperar con Encinas, pese a ofrecerle un criterio de oportunidad y el apoyo del presidente López Obrador.
“Ayúdame a desenmarañar todo esto (...) Yo te garantizo el apoyo del presidente”, así intentó convencer Encinas a Zerón, pero este se negó y rechazó los cargos en su contra.
Tomás Zerón es considerado como el hombre encargado de encubrir todo lo que sucedió la madrugada del 26 de septiembre de 2014, por lo que acudir en busca de su ayuda, parecía una medida desesperada para resolver el caso lo más pronto posible, consideró Kate Doyle, analista del Archivo Nacional de Seguridad.
Pese a este tropiezo, la CoVAJ encontró en la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, y una amplia lista de mensajes de WhatsApp, las “pruebas” que necesitaba.
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Los mensajes entre presuntos criminales, miembros del Ejército y funcionarios que participaron en la desaparición, ofrecían un panorama amplio de lo que había pasado con los estudiantes; incluso daba detalles escalofriantes que involucraban a altos mandos militares en el asesinato de al menos seis jóvenes.
Sin embargo, Encinas narró al Times que parte de los mensajes “no tienen los elementos suficientes para acreditarse” y reconoció que las 467 capturas de pantalla que obtuvo, pudieron ser alteradas.
Por su parte, el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) precisó que el tono de los mensajes no coincidía con las otras comunicaciones interceptadas; ante estas inconsistencias, Encinas no compartió las capturas con la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando una posible filtración de los mismas.
En medio de este contexto, las presiones desde la Presidencia de la República y la FGR por esclarecer el caso hicieron que el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunciara.
Las versiones extraoficiales apuntan a que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, presionó a Gómez Trejo para acelerar la orden de aprehensión contra Jesús Murillo Karam, a pesar de no contar con evidencia sólida en su contra.
Hoy la investigación contra Murillo Karam se encuentra en suspensión definitiva contra la vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada.
Por si fuera poco, 21 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso fueron canceladas, mismas que según informó esta mañana el propio presidente López Obrador, pueden ser reactivadas.
“Actuó bien la Fiscalía yendo en contra de los que aparecieron en el informe de la CoVAJ, sin que esto signifique exonerar a otros y a quienes puedan resultar responsables”, dijo el mandatario nacional.
A más de ocho años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, Alejandro Encinas reconoce que “el 100 por ciento seguro en esto no existe” y que como “en todas las investigaciones, hay aciertos y errores”.
Mientras tanto, el abogado de los familiares de los estudiantes refiere que el Gobierno de México apresuró los “resultados” de la investigación para beneficiarse políticamente, dejando en segundo término el acceso a la verdad y la justicia.
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