A la comitiva del gobierno mexicano que viajó a Ginebra ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, para sustentar el séptimo informe periódico de México, no le fue muy bien. El grupo lo encabezó Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales, y la embajadora Socorro Flores, ambas con dominio del tema y del escenario, y que fueron acompañadas por representantes de las secretarías de Gobernación, de la Defensa y de Seguridad y Protección Ciudadana, del Instituto Nacional de Migración, de la Comisión de Atención a Víctimas, y de la Fiscalía General de la República. Al ver las transmisiones de las sesiones, varios de ellos se notaban visiblemente nerviosos, respondiendo poco preparados, trastabillaban y estaban muy poco coordinados. Si bien tenían que responder cómo resolverían casi 50 observaciones hechas al gobierno de Enrique Peña Nieto, el problema es que, tan mal les fue, que ahora les sumaron más y tienen 97 recomendaciones por atender, y algunas de ellas ya son responsabilidad de esta administración, como es el caso de migración. Hasta ahora, dicen los que saben, ya hubo algunos regaños, especialmente en la Fiscalía, pero pareciera que todavía no dimensionan la magnitud del problema.
