El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá realizar los ajustes que sean necesarios y utilizar la “disponibilidad presupuestaria” con la que cuenta para organizar y llevar a cabo la consulta de Revocación de Mandato prevista para el próximo 10 de abril, así lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por unanimidad de 10 votos, los ministros del alto tribunal reconocieron la validez de los artículos cuarto y quinto transitorios de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los cuales legisladores de oposición señalaban omisión para incluir en el presupuesto del INE los recursos necesarios para consultar a la ciudadanía si al Presidente de la República le es revocado su mandato por pérdida de confianza o termina su sexenio.
El ministro Alberto Pérez Dayán reiteró que el instituto electoral “no puede ceder a dejar de hacer un ejercicio de esta naturaleza sólo porque no le dieron recursos”.
Al concluir el análisis de las impugnaciones a la Ley Federal de Revocación de Mandato en las cuales el martes resolvió la Corte que los partidos políticos no podrán hacer promoción pública de la consulta, aunque sí tendrán representantes en casillas; y el hecho de mantener la pregunta tal y como fue planteada de origen en el Congreso, el ministro presidente Arturo Zaldívar destacó la independencia con la que el máximo tribunal resolvió la acción de inconstitucionalidad en razón de los votos y posturas diferentes entre los ministros; no obstante reiteró su crítica respecto a la fórmula para invalidar normas de carácter general por votación de mayoría calificada, pues se trata de una “peculiaridad” al resto de los tribunales constitucionales.