En puerta, batalla legal gobierno federal-Texas por migración
El Departamento de Justicia de Estados Unidos amagó con demandar al gobierno texano si aplica la nueva ley contra migrantes e "interfiere" con las operaciones del gobierno federal
El Departamento de Justicia advirtió al gobernador de Texas, Greg Abbott, que presentará una demanda si el gobierno estatal avanza en la aplicación una legislación que faculta a los funcionarios texanos a detener y expulsar de Estados Unidos a personas sospechosas de estar ilegalmente en el territorio.
De acuerdo con un reporte publicado en el portal del diario Houston Chronicle, el Departamento de Justicia argumentó que la nueva legislación es “inconstitucional” e interrumpirá las operaciones de control de inmigración del gobierno federal.
En una carta firmada por el subprocurador general adjunto, Brian M. Boynton, y divulgada por el portal de noticias, se sostiene que “si Abbott no confirma que el estado renunciará a la aplicación de la ley antes del miércoles próximo, Estados Unidos buscará todos los recursos legales apropiados para garantizar que Texas no interfiera con las funciones del gobierno federal”.
Las nuevas disposiciones, promulgadas por Abbott la semana pasada y que entrarían en vigor en marzo próximo, permiten a cualquier agente de Texas arrestar a migrantes acusados de ingresar ilegalmente al estado desde México y facultaría a los jueces para ordenar su expulsión.
La amenaza del Departamento de Justicia fue una buena noticia para los demócratas, según testimonios recogidos por el portal The Texas Tribune.
“Pedir a la policía local que persiga a las personas que parecen inmigrantes no nos hace más seguros: de hecho, impide que la policía investigue delitos reales”, dijo el representante federal Greg Casar, demócrata por Austin, citado por Texas Tribune.
“El gobierno federal debe bloquear esta política antiinmigrante inconstitucional antes de que entre en vigor”, agregó el legislador.
La nueva ley convierte el cruce de la frontera entre Texas y México en un delito de Clase B, lo que significa que si un migrante acepta regresar a México, un juez puede retirar los cargos; de lo contrario, se convierte en presunto delincuente, por lo que podría enfrentar una posible sentencia de cárcel de seis meses.