A diario, alrededor de 14 menores de edad son reportados como desaparecidos en el país. La desaparición de alguna niña, niño o adolescente ocurre en todo el territorio, pero son tres estados, México, Tamaulipas y Jalisco, los que concentran más del 40% de los casos. Es decir, cuatro de cada 10 ocurren en esas entidades.
Al presentar datos sobre la crisis de la niñez desaparecida en México, en el marco del reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) tras su visita a nuestro país, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó que la desaparición de infantes es una problemática creciente que carece que visibilidad para ser atendida.
Muestra de ello es que de los 19 mil 445 infantes que fueron reportados como desaparecidos en lo que va de este gobierno, hasta el 11 de abril pasado aún se tenía un registro de 5 mil 102 menores (de 0 a 17 años de edad) que seguían sin poder ser localizados.
Con base en los datos históricos recopilados por la REDIM, desde el año 1964 (cuando inició el registro oficial de infantes desaparecidos), suman hasta el 25 de octubre pasado un total de 82 mil 328 niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos.
Los datos también arrojan que fue a partir del sexenio de Felipe Calderón que la desaparición de menores despuntó en el país, pues de las 159 personas de esa edad que se registraron entre 1964 a 2006, para el sexenio de 2007 a 2012 se incrementó a 2 mil 313; y con el gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2018) se alcanzó un pico de 6 mil 103 desapariciones.
Según los registros de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hasta el 11 de abril de 2022, el estado de México concentraba un total de 3 mil 740 casos, Tamaulipas sumó mil 704 casos, mientras que Jalisco se ubicó con mil 231 casos, siendo las tres entidades con el 40.8% de las desapariciones de menores recientes.
“No es algo que sucedía antes o que terminó de suceder con este gobierno. Reconocerlo es el primer paso para dimensionarlo y atenderlo adecuadamente. Si bien hay una repuesta de muchas personas funcionaria públicas que están haciendo el mejor trabajo, no deberíamos dar por sentado que es suficiente porque no lo es”, señaló Tania Ramírez directora ejecutiva de la Redim.
A pregunta expresa de ejecentral, respecto a las posibles afectaciones en la aplicación de estrategias o desarrollo de políticas públicas para atender este fenómeno a partir de la renuencia que mostró el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los señalamientos del CED, Tania Ramírez alertó que dicha postura puede verse como “una aval indirecto a que autoridades locales, responsables de registros (de desapariciones), personal en las instituciones dedicadas a estos temas sienta una permisividad instalada en la laxitud con la cual se tomó en esa repuesta del gobierno la información que hizo pública el comité”.
En ese sentido subrayó: “Probablemente la acción más importante que podría emprender el Estado mexicano, y me parece que tenemos todos los elementos para hacerlo, es detener la impunidad porque genera un entorno de permisividad en el cual este país se ha desarrollado las últimas décadas no únicamente los últimos tres sexenios. La permisividad de un peligroso cheque en blanco en el cual se establece que en este país se puede desparecer a las personas.
