Tras casi cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo tomó las riendas de la investigación. Con tres años en el cargo, y en medio de uno de los momentos más críticos en la indagatoria del actual gobierno, renunció.
La razón: diferencias con altos mandos de la Fiscalía General de la República (FGR) que encabeza Alejandro Gertz Manero, y con el Ejecutivo federal, según se supo más tarde.
Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien confirmó la renuncia y aseguró que el hoy exfiscal especial del caso Ayotzinapa no estuvo de acuerdo con los procesos que se siguieron y que fueron respaldados desde Palacio Nacional.
“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”, explicó.
La dimisión de Gómez Trejo como el “fiscal especial” para el caso Ayotzinapa ocurre en un momento crítico para la investigación, pues además de que han ido al alza las manifestaciones violentas atribuidas a estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos”, como los destrozos en el Campo Militar 1-A del viernes, así como los desmanes de esta tarde en el Palacio de Justicia de Iguala, Guerrero.
También se han acrecentado las críticas sobre la labor de la unidad especial y la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) por la filtración de información del fin de semana pasado y el desistimiento de al menos 21 órdenes de las más de 80 órdenes de aprehensión que el 19 de agosto, tras la detención del exprocurador general Jesús Murillo Karam, anunció la FGR.
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Sin embargo, el presidente López Obrador se blindó. Y señaló que está recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tiene la firme voluntad de hacer justicia, y dijo saber lo que sigue después del informe, las filtraciones y la renuncia del Fiscal:
“Ya sabemos lo que viene después, o sea, vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr. Y que sepan que, así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros, respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo todo”, advirtió.
Aunque hoy mismo, los abogados de los cuatro militares detenidos por el caso anunciaron que presentarán quejas ante la CNDH, la Corte Interamericana e incluso denuncias penales contra el subsecretario Encinas, y reiteraron la “desaseada” indagatoria de la unidad que encabezaba Omar Gómez. Las presiones señaladas por el presidente López Obrador también provienen del extranjero.
Lo anterior porque a ochos años de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, un vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró al corresponsal del diario Reforma que, el gobierno de México debía garantizar la “transparencia” y la “justicia” en el caso, a fin “de mantener la confianza pública en el sistema judicial” mexicano.
Turbulencia en el caso
La renuncia de quien laboró en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Honduras y Guatemala, así como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) despertó posturas encontradas.
Para el abogado César Omar González, del equipo de defensa del general José Rodríguez Pérez y los otros tres elementos del Ejército señalados por la CoVAJ, descartaron que la renuncia de Gómez Trejo afecte en la estrategia de defensa de los efectivos castrenses. Aseguró que, “independientemente de que estén o no en el cargo tanto el fiscal (Omar Gómez) como el subsecretario Encinas “tendrán una responsabilidad con México, con los mexicanos y con la historia, con la justicia, por la manera en la que han llevado esta investigación”.
Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez “Centro Prodh”, la renuncia del fiscal evidencia la injerencia de superiores jerárquicos de la FGR en su labor, lo cual calificaron como “lamentable” y “en extremo preocupante”.
No obstante, la organización llamó a no adoptar represalias contra Alejandro Encinas, pues resaltaron también su labor. Sin embargo, resaltaron la importancia de que integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala rindan cuenta ante los señalamientos de colusión con el narcotráfico.
Por su parte, Karla Quintana, comisionada nacional de Búsqueda de Personas, también resaltó la labor del Omar Gómez al asegurar que el exfiscal “representó de los poquísimos espacios de investigación independiente y seria, de graves violaciones a los derechos humanos”.
La polémica generada por las acusaciones en contra de elementos del Ejército y las afectaciones que éstas implican para las Fuerzas Armadas, se sumó a la batalla en contra del Poder Ejecutivo y el Judicial, no sólo en críticas a los procesos de los jueces, sino directamente contra el juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, por haber acumulado 121 sentencias absolutorias en favor de implicados directos en los crímenes contra los normalistas.
Cuestionado sobre la ausencia mediática del fiscal Omar Gómez y los rumores sobre una ruptura con la Comisión, el subsecretario Alejandro Encinas refrendó su reconocimiento a su labor al frente de la unidad especial de la FGR, y descartó que tuviera diferencias con él.
“No solamente me merece respeto y reconocimiento, él ha hecho un espléndido trabajo, nunca hemos tenido ningún diferendo, hemos trabajado siempre de la mano y en una relación de confianza, y yo le refrendo a él mi respeto, mi amistad y reconocimiento en los trabajos que ha venido desarrollando”, sostuvo el viernes.
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