En México, cuatro de cada 10 personas que están en la cárcel no tienen una sentencia y así pueden pasar años, sin justicia y en el olvido.
Claudia Sánchez Mayorga, exempleada administrativa del Solid Gold, fue detenida cuando estaba embarazada, torturada, no se le respetó su debido proceso… Después de ocho años cinco meses privada de su libertad ahora sí la quieren sentenciar, pero ¡sin pruebas!
En 2013, la Procuraduría de Justicia del DF rescató a mujeres que trabajaban en el Solid Gold, un negocio en la Zona Rosa que ofrecía sexoservicios. Ningún socio de la franquicia está detenido, sólo Claudia, quien era empleada por honorarios. Está señalada por delincuencia organizada y beneficio a la explotación sexual ajena, es un chivo expiatorio.
Las irregularidades en su proceso comenzaron el día uno, con un cateo ilegal en su casa que duró 8 horas y media. Agentes del MP adscritos a la SEIDO la sacaron desnuda, tenía cinco meses de embarazo. La MP, Claudia Morales Larre, argumentó que su detención era urgente porque era una persona con alto poder adquisitivo que podría huir de la justicia. Imagínense su “alto poder adquisitivo” si de su domicilio sólo se llevaron un automóvil, una computadora, una cámara y 10 mil pesos.
Fue arraigada por 50 días a la espera de una orden de aprehensión que no llegó de la CDMX, sino de una jueza de Matamoros, Tamaulipas, ¡así como lo están leyendo!, y mandada al penal federal de Nayarit.
Era la presa número 1253. Fue torturada ¡embarazada!, por parte de las autoridades de los penales. Tuvo a su hija en un ambiente de vejaciones, le quitaron la matriz sin su consentimiento. En la cárcel, trataban a la bebé como si fuera delincuente, sin ropa, pocos pañales, leche a cuentagotas… ¿Y la CNDH y el Conapred apá?
Hoy, Claudia está en el penal de Santa Martha Acatitla. Qué les cuento, el 28 de enero pasado, Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, decidió resolver, por fin, el amparo indirecto 474/2021 en donde se le solicitaba el cambio de medida cautelar para Claudia siguiera su procedimiento en libertad.
Inhalen, exhalen, porque lo que les voy a contar es de frustración.
Resulta que el amparo fue revisado después de ocho meses de haberse ingresado. Y le fue negado, entre otras cosas, porque no había pasado de la pena máxima que tiene el delito que le imputan, mencionando que el tiempo razonable para que sea sentenciada es después de ¡30 años!
Claudia se encuentra en periodo de conclusiones en el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente. Quien tendrá que estudiar su causa para emitir una sentencia será Lorena Marisol Aranda Millán, secretaria de Juzgado Sexto de Distrito en funciones de Jueza.
Claudia asegura que seguirá exponiendo la fabricación de su caso y los tratos crueles e inhumanos de los que ha sido víctima. Dice que el Poder Judicial debe darse cuenta de las trapacerías y de la corrupción de la que he sido víctima.
El año pasado me dijo que ella era simplemente una empleada: “¿Por qué no detuvieron a los verdaderos culpables? Pues obviamente porque hay dinero y mano negra de por medio”.
Ella resume todo su proceso como una “porquería”. En la cárcel estudió derecho y esos conocimientos le han servido para darse cuenta de los vicios de su caso, desde la propia acusación, pues para empezar la ‘delincuencia organizada’ persigue a más de tres, y ella es la única perseguida y detenida.
Bueno, la cosa ha llegado a tanto que hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó al subsecretario de la Segob, Alejandro Encinas, a revisar el caso.
Como dijo Martin Luther King Jr.: “La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”.
