Así, como lo están leyendo. No hay tiempo que no se cumpla y a Emilio Lozoya le llegó la hora de pisar la cárcel. Milo —como le dicen en su casa— cavó su propia tumba al llevar al límite una medida cautelar a una situación de privilegio.
Aunque se le autorizó oootro plazo de un mes para que consiga pruebas por el caso Odebrecht, se hizo justicia. La 4T se lleva las palmas porque el presidente López Obrador cumplió su palabra de ir contra la corrupción y qué mejor que llevar a prisión al ícono de la corrupción en el sexenio de EPN.
Haga lo que haga, Lozoya tendrá que comparecer en juicio... y NO tiene pruebas de nada de lo que dijo. Pues una cosa es, dirían los abogados, no acusar, y otra, extinguir la responsabilidad penal.
Léase, que tendrá que comparecer, sí o sí, en el juicio de Jorge Luis Pashita Lavalle y Ricardo Anaya, y probar sus imputaciones. Si sus dichos son veraces, el juez tendrá 15 días para otorgarle o no el criterio de oportunidad.
Desde que declaró en agosto de 2020 le puso —nos puso—, a 17 personas “la espada de Damocles” sobre la cabeza. Ahora bien, después de un año y casi tres meses NO ha podido probar absolutamente nada; sus dos testigos estrellas, que aún quedan vivos, Arteaga y Olascoaga, se retractaron, y los otros dos están muertos.
Por lo que a partir de ayer quién las trae es él. Y la FGR deberá, objetivamente, valorar las mentiras del criminal confeso, pues es mejor meterlo hoy a la cárcel que esperarse a los juicios (de Lavalle y Anaya, por lo pronto) y que sea un juez quien lo haga.
¿Traición? ¿Trampa?
Resulta que Lozoya le dijo tantas y tantas mentiras a la FGR, que ahora la Fiscalía cree que puede tener un caso de delincuencia organizada entre Enrique Peña Nieto, Videgaray, Lavalle, Anaya, Cabeza de Vaca, Cordero, Penchyna y otros, tal cual lo publicó en primera plana de Milenio el periodista José Antonio Belmont, y yo tengo copia de esta carpeta. Si avanza la denuncia, de inmediato la FGR tendría que meterlo a la cárcel y sería a un penal federal como el del Altiplano.
Así pues, Lozoya, en su soberbia, NO consideró que seguir por este camino, implicaría irse, él, en el mejor de los casos de 10 a 12 años a prisión. ¿Por qué? Porque las reglas de colaboración por crimen organizado —vayan por un fuerte, o hasta dos— NO admiten que NO haya pena para el colaborador, sino disminución de la pena. ¡Quiúboles!
¿Será que la FGR se cubrió? Pues ¡ya no confía al 100 en Lozoya!
A la 4T le conviene más verlo en la cárcel por mentiroso y corrupto, que a las personas que acusó y esto es medible, puesto que detener o acusar con las mentiras del criminal confeso les saldrá más caro.
La consultora Central de Inteligencia Política midió el impacto de las fotos que realicé de Lozoya en el Hunan, mediante un estudio ARMA (análisis de reputación mediática de actores) y calculó cuánto habría costado el despliegue de la fotografía, información y análisis en televisión, radio, medios impresos y digitales, y según ellos, ascendió a 157 millones de pesos. ¿Mucho o poco? En octubre, calcularon el impacto de las denuncias de la FGR contra los científicos del Conacyt en 106 millones; la acusación de la FGR vs Anaya en 123 mdp; la cobertura del espionaje de Pegasus en julio en 101 mdp, en tanto que la cobertura de los Pandora Papers apenas y ascendió en octubre de 2021 a 48 millones de pesos.
Tras publicarse las fotos de su cena —a la que además, déjenme contarles, ya investigué más, llegó con lentes oscuros, tapabocas y careta polarizada— la sociedad, la gente, lo quiere ver en la cárcel. El propio criminal confeso llevó, tal cual lo dijo AMLO, un tema legal a una situación ilegal, y de burla y privilegio, haciendo sentir que la FGR trabaja para él, y peor aún, elevó exponencialmente la discusión sobre la impartición de justicia en el país.
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