Si ustedes creen que Olga Sánchez Cordero es un florero en la Segob, Rosario Piedra le dice “quítate que ahí te voy”. Vivimos el proceso electoral más violento en la historia del país y ni las luces de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Con todo respeto para la ombudsperson, pero ¿para eso hizo tanto chow? (idioma 4T). ¿Enfrentó a los senadores, mintió y no respetó la Constitución para ser la titular de la CNDH?
El Quinto Informe de Violencia Política en México dado a conocer por la consultoría Etellekt, evidenció que del 7 de septiembre de 2020 al 30 de mayo de 2021 hubo 782 agresiones contra políticos y candidatos, lo que supera las 774 agresiones del proceso electoral 2017-2018.
Inhalen y exhalen porque esto se pone color de hormiga. Resulta que 89 políticos perdieron la vida en atentados durante este proceso, 35 de ellos eran aspirantes a puestos de elección popular. Del total de fallecidos, 14 eran mujeres.
Con esto se confirma que este es el segundo proceso electoral con más homicidios dolosos. El primero fue el de 2017-2018, periodo en el que fueron asesinados 152 políticos.
Respiren de nuevo. Les cuento que 75% de los políticos y candidatos agredidos eran opositores a los gobiernos de los estados en que fueron atacados. De las 782 agresiones, 117 fueron en contra de veracruzanos.
Los estados con más violencia: Veracruz, Oaxaca, Puebla, estado de México, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y Quintana Roo, en ese orden, de acuerdo con la consultoría.
Etellekt, dirigida por Rubén Salazar, reveló también que asesinaron a 11 colaboradores de políticos, 35 familiares de políticos y 99 servidores públicos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión.
A días de los comicios más grandes de la historia del país, vimos el video del cuerpo inerte de Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme, Sonora, y abogado de la familia LeBarón; supimos del asesinato en pleno acto de campaña de Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato; nos enteramos de los balazos que le dieron al candidato a primer regidor de Acapetahua, Chiapas, Cipriano Villanueva.
Ante las cifras e historias escalofriantes ¿saben qué dijo Rosario Piedra? Nada, como diría Ya Saben Quién: “Calló como momia”.
Durante el proceso electoral de 2018, el entonces presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, alzó la voz y condenó la crispación, polarización, incertidumbre y violencia política.
Exigió a las fuerzas políticas que elevaran el nivel de la discusión y pidió altura de miras de todos los sectores sociales para que hubiera confrontación de ideas, no de personas. Llamó a dejar atrás los discursos de odio que dividen y polarizan.
Es más, la CNDH, junto al INE, el TEPJF, la Fepade, Segob, Fevimtra, Inmujeres, CEAV y Conavim elaboraron un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Buscaron garantizar el libre ejercicio de los derechos político-electorales como parte integral de la protección de los derechos humanos de las mujeres.
¿Poner a alguien menos que un florero en la CNDH será otra estrategia para desbaratar una institución?
Sin duda, la 4T con Rosario Piedra ya acabó con la CNDH federal; afortunadamente vivimos en el federalismo y en algunos otros lugares se robustece este tipo de instituciones.
Que buen ejemplo tenemos en Queretaro, donde el modelo de justicia Cosmos, impulsado en por el gobernador Francisco Domínguez, no sólo ha merecido el reconocimiento de organizaciones civiles y la embajada de Estados Unidos, sino que ahora esa entidad ocupa el primer lugar de supervisión penitenciaria, según un diagnóstico de la propia CNDH, que se enfatiza la garantía del respeto a la integridad de las personas privadas de la libertad.
Tal vez sería bueno que la propia Rosario Piedra asomara la cabeza a esa entidad. Aunque si tuviera algo de dignidad renunciaría.
