Los de la 4T ya hicieron la rifa de un avión que en realidad no se rifó, ya abrieron un aeropuerto que no tiene vuelos, ya inauguraron una refinería sin que refine y ahora van por una consulta que, dicen, no es consulta.
Sí, son expertos en mandar al diablo a las instituciones. Ahora, AMLO hace a un lado al INE para que la Segob organice una consulta a la población sobre el tiempo que debe permanecer la Guardia Nacional en las calles, consulta que, obvio, no será vinculante porque NO tiene sustento legal.
En primera, la única institución facultada para hacer una consulta popular es el INE y, en segunda, no se pueden consultar los temas de seguridad nacional, ni la organización, funcionamiento y disciplina de las fuerzas armadas.
Más allá de una consulta patito, que no es vinculante y que seguramente costará millones, llama la atención el papel de la Secretaría de Gobernación, no sólo porque será la dependencia encargada de este ejercicio de participación, sino por la tercera pregunta propuesta:
“¿Cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, dependa de la Segob o de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?”.
Luego entonces, ¿en qué momento se ha planteado que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Gobernación? ¡Sería una supersecretaría, igual o más importante que la Sedena!
Además, ya sabemos cómo son las consultas de AMLO. Esta vez no se hará a mano alzada pero qué certeza tenemos de que a la Segob no se le va a caer el sistema - tipo Bartlett-.
El expresidente del IFE y director general de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde, nos dio una buena explicación de lo que podría suceder: “una inmensa mayoría de una inmensa minoría acudirá a votar en urnas instaladas por Morena y el gobierno dirá lo que AMLO desea: que los soldados se queden en las calles y que la Guardia Nacional sea parte de la Sedena”.
“Luego, AMLO enviará nuevamente iniciativa al Congreso en febrero del 23 para que ese deseo quede en la Constitución e inicie formalmente la militarización permanente de la Guardia Nacional. Si el Senado rechaza nuevamente la propuesta lo acusará de dar la espalda al pueblo”, agregó.
El consejero del INE, Ciro Murayama, aseguró que la simulación de consultas es contraria a la democracia.
“La propuesta de ‘consulta’ del presidente atenta vs la Constitución por partida doble: 1) es sobre un tema vedado por la Carta Magna y 2) excluye al INE. Una bastaría para rechazarla. No conviene entrelazar militarización y desdemocratización”, expuso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, acusó a López Obrador de encabezar una indebida intromisión en las funciones constitucionales del Congreso y con ello presionar a los legisladores para que aprueben una reforma. Esto, por supuesto, no lo ven así en la 4T. La pregunta de los 64 mil es: ¿Cuánto va a costar ese ejercicio de participación?
Ojo, como presidente electo, AMLO llamó a una consulta que canceló el aeropuerto de Texcoco y que costó al menos 1.5 millones de pesos, los cuales, nos dijeron, fueron solventados con “aportaciones voluntarias” de legisladores federales.
En contraste, la consulta de revocación de mandato -organizada por el INE y validada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación- costó mil 692 millones de pesos.
¿Esta vez, quién va a pagar la consulta?, ¿qué instancia va a pedir más presupuesto a la Cámara de Diputados?, ¿le van a entrar al juego todos los gobernadores y presidentes municipales?, ¿quiénes serán los consejeros ciudadanos honoríficos que, junto a la Segob, estén a cargo de la organización?…
¿Y la austeridad republicana, apá?