Qué les cuento, que a David Colmenares no sólo le tembló la mano, sino que en su ASF se han maquillado casi 5 mil millones de pesos observados en las auditorías 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121 y 122 con “solventaciones” que rayan en lo absurdo, por no decir en lo ilegal, que están lavándole la cara al Fonatur con el Tren Maya.
Los maquillistas fueron José María Nogueda, director general de Auditoría a Inversiones Físicas de la ASF y sus directores Eduardo Alejandro Pérez y Gabriel Francisco Déciga con interminables sesiones de “conciliación” de resultados, muchas fuera del plazo previsto en la Ley de Fiscalización, con las que pudieron disolver los importes y ya de paso, conseguir que los vieran con buenos ojos, ya sabe usted, por si alguna corcholata lo logra.
Antes, déjenme explicarles lo que dice la cláusula decimosegunda del contrato TM-TRAMO4/20-Ol-04 que va de Mérida a Cancún a cargo de la empresa ICA: el proyecto ejecutivo era en la modalidad de precio alzado, con un costo de 834 millones de pesos y un plazo de tres meses a partir del 21 de septiembre de 2020, y de tres meses más para que estuviera revisado y con el visto bueno de la Supervisión del Proyecto Ejecutivo.
Así pues, y de acuerdo con la Ley, esa modalidad establece que el pago se hace cuando los trabajos están totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido.
Tomen aire, inhale y exhale.
Pues resulta que en el resultado 3 de la auditoría 115 practicada al Tramo 4 se hizo una observación de 646 millones de pesos, ya que ICA no pudo hacer el proyecto ejecutivo en el plazo pactado y al final de 2021 llevaba apenas el 77 % de avance.
Aun así, Fonatur, en contra de la molesta Ley, decidió pagar 646 millones de pesos por los trazos a lápiz, probablemente conmovido por la permanente necesidad económica de ICA.
Esa situación la captó la ASF en dicho resultado y parecía que iban a poner orden, pero… acto seguido —redoble de tambores—, Fonatur mandó diversas explicaciones que argumentaban que sí tenían planos que justificaban el avance a 2021, validados por la empresa contratista.
¡Qué más se podría esperar, ICA se autojustificó!
Al parecer los argumentos fueron igualmente conmovedores, ya que la ASF hizo a un lado la ley, y los maquillistas terminaron por aceptar que no era un pago anticipado, cuando en realidad, esas explicaciones solamente confirmaban la irregularidad.
Pero bueno, hay a quien le importa un bledo la Ley.
A pesar de las maromas y genuflexiones de Nogueda, Pérez y Déciga, les fue imposible taparlo todo, y ya no pudieron salvar mil millones de pesos en esa auditoría, que constituyen la mayor parte de lo no justificado por Fonatur en 2021.
Y como ese caso, hay muchos otros, como por ejemplo los 450 millones de pesos observados en la auditoría 116 que Fonatur transfirió a la Sedena por el proyecto del Tramo 5 norte, correspondiente al convenio específico de obra pública a precio alzado núm. PTM-TRAMO5-EP/21-S-01, y que sin existir producto alguno se justificó porque Fonatur acreditó la necesidad de modificar el trazo, ya que hubiera existido un escenario de conflictos y protestas sociales por la afectación del turismo y a la actividad económica de la zona.
Esa “aclaración” también confirmaba la irregularidad, no la justificaba.
¿Y el dinero transferido, apá? Nadie se acordó.
CONCLUSIÓN
Lo único rescatable al final de las auditorías a 2021, es que David Colmenares ya no salió vapuleado en la mañanera del día siguiente y sus informes pasaron casi desapercibidos, con lo que ya puede estar tranquilo, incluso puede hasta presumir de que ya es un soldado más de la 4T.
¡Más vale hueso en mano, que erario volando!
