Desde que Jimena denunció el acoso sexual e intimidación que su jefe, Manuel de Jesús Santos Juárez, fiscal Estratégico de Investigación de Delitos Financieros, no sólo fue cesada de su cargo como agente del Ministerio Público Supervisor, sino que también tuvo que superar un intento de suicidio para aferrarse a conseguir la justicia que la institución a la que le dedicó 16 años de servicio, le ha negado.
Durante dos años la Fiscalía hizo de todo para llevar al ‘no ejercicio de la acción penal’ la investigación, a pesar de los informes psicológicos y clínicos que comprueban la agresión sexual.
Ahora la institución que debió ejercer justicia desde un principio, y que permitió que el agresor continuara su carrera sin consecuencia alguna, hoy se ve obligada a investigar el caso con perspectiva de género, gracias a un amparo que un Juez Federal le otorgó a la víctima. Así, como lo están leyendo. Inhalar y exhalar.
“Curiosamente no se presenta y por fuentes cercanas, amigos que litigan y que están adentro de la Fiscalía, sé que según el tipo salió a Estados Unidos a un curso, que según lo mando la Fiscalía”, me dijo Jimena. Pareciera que la Fiscalía lo anda escondiendo, pero a pesar de no haberse presentado en la audiencia, la jueza federal a cargo revocó la resolución del “no ejercicio”.
Así pues, a la Fiscalía no le quedará de otra que aplicar todos los protocolos especializados para atender casos de violencia de género, sobre todo en los análisis médicos. “La Fiscalía lo sigue encubriendo, pero creo que con esta resolución ya están acorralados”, dijo Jimena esperanzada. Por lo pronto, la titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, Ana Alicia Casillas Hurtazo, ayer debió de recibir a los asesores jurídicos de Jimena, para que se revise la carpeta y empiece su judicialización.
Vocero y su influencia despoja a su hermana de su propia casa
Imaginen la realidad que enfrenta Hilda, media hermana de Ulises Lara, vocero de la Fiscalía, quien utilizó su influencia para despojarla ilegalmente del lugar que ella llama hogar desde hace más de 35 años.
El padre de ambos, Carlos L. Lara, respaldado por su hijo, la denunció por fraude, falsificación y despojo, a pesar de los documentos que respaldan que esa casa fue adquirida con toda legalidad por Hilda y su esposo en 2013. ¿Qué hizo la Fiscalía? Seguir con el proceso.
Ahora tras más de dos meses de que la propiedad fuera asegurada, la Fiscalía capitalina no quiere aceptar pruebas para la defensa de Hilda, quien asegura que este es un caso de fabricación de delitos.
“Niegan abrir el expediente donde mi padre fue declarado culpable por falsificación, con el cual podemos comprobar la deshonestidad de sus acciones” denunció la afectada.
Pues sí, así como leyó, resulta que el señor Carlos L. Lara, fue ingresado al reclusorio a principios de 2013 por haber falsificado firmas en un intento de apropiarse de la casa que había sido heredada a su hermana menor, misma que Hilda y su esposo comprarían meses después.
Sin embargo, este antecedente no fue obstáculo para que un año después, su progenitor lograra sacar de dicha casa al tío de Hilda y sus hijos, aun cuando Carlos Lara no vivía ahí, sin importarle el destino de su propia familia.
La Fiscalía no sólo se niega a abrir el expediente que demuestra el antecedente ilícito de su padre, sino que también se niega a entrevistar a Ulises Lara como testigo clave.
Hilda Lara cuenta tanto con la ficha signalética de su progenitor emitida cuando fue procesado en 2013, así como con las fotografías del desalojo a sus familiares en 2014, las cuales fueron capturadas por el mismo Ulises Lara y que posteriormente le envió a ella por correo electrónico.
En fin, Godoy tiene los días contados y estos abusadores no deberán permanecer en sus puestos.
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