Justo a un mes de promulgarse el decreto que prevé impedir que agresores de género, violentadores sexuales y hasta deudores de obligaciones de pensión alimenticia ocupen cargos públicos, podríamos estar frente al primer caso relevante de aplicación de esta nueva “Ley 3 de 3”, vigente apenas desde el 30 de mayo pasado. Así como lo están leyendo.
Resulta que el brazo de la justicia podría impedir que el expriísta Canek Vázquez alcance su anhelado hueso, que afanosamente busca desde que el PRI cayó hasta el tercer lugar en la elección federal de 2018, año en que dejó las filas tricolores para —como muchos trapecistas— buscar cobijo en Morena, partido al que ahora pertenece quien fuera secretario particular nada más y nada menos que de Manlio Fabio Beltrones.
El aún delegado del Infonavit en Hidalgo, donde apenas hace unos días vimos una brutal desbandada de priístas que ahora niegan hasta la cruz de su parroquia, Canek se ha acercado al equipo de una de las “corcholatas” morenistas. ¿De quién? Nada menos que del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien veremos si decide rodearse de impresentables, para seguir en la batalla contra Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.
Y aunque no estén para saberlo, les cuento que en Pachuca se dice que Canek se ha autonombrado coordinador de la campaña de Adán Augusto en la entidad hidalguense. Sin embargo, parece que no abonará mucho a las intenciones presidenciales del cuatacho de Andrés Manuel López Obrador, por culpa de la nueva y venturosa legislación que protege a mujeres violentadas y a los hijos víctimas de la irresponsabilidad de sus padres. La legislación parece haber llegado justo a tiempo después de años y años en que la justicia pareció voltear hacia otro lado.
Canek Vázquez estuvo casado con Marisol Cervantes, con quien procreó dos hijos y mantiene ahora litigios por pensión alimenticia. De hecho, aparece en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios por negarse a pagar lo que corresponde a sus obligaciones.
Dicen los que saben que incluso podría enfrentar prisión preventiva porque no sólo debe más de 900 mil pesos correspondientes a la manutención de sus hijos, sino que ha tratado de evadir las audiencias legales argumentando enfermedad, en obvio desacato. Justo este jueves puede llegar una sentencia condenatoria en su contra que lo pondría contra la pared y podría terminar con la carrera de este hombre de 43 años de edad, quien ya ha sido diputado federal y ocupado diversos puestos en el Poder Legislativo y en la administración pública federal.
Su caso es relevante, pues podría ser el primer funcionario a quien se le aplique la recién aprobada Ley 3 de 3 contra la violencia, respaldada incluso por la bancada de Morena y con la que, entre otras sanciones, se le impediría ocupar cualquier cargo en el servicio público, incluidas sus aspiraciones para colarse entre los equipos que aspiran a la Presidencia en 2024.
Así las cosas, pues, en el entorno de la corcholata tabasqueña, que ya sufrió daños esta semana al publicarse fotografías en donde presuntamente la familia de la diputada Andrea Chávez, viaja en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana.
