En “grave riesgo” independencia judicial en México
CIUDAD DE MÉXICO, 08MAYO2023.- Por mayoría de 9 votos de sus 11 integrantes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –Tribunal Constitucional de México– determinó la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales aprobadas por el Congreso de la Unión en diciembre de 2022, impugnado por los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, así como por el Partido Político del estado de Jalisco denominado Hagamos e integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. Del análisis sobre la constitucionalidad del procedimiento legislativo correspondiente, las 9 ministras y ministros que votaron a favor del proyecto presentado por el ponente, ministro Alberto Pérez Dayán, coincidieron en que el Congreso de la Unión trasgredió los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal. FOTO: SCJN/CUARTOSCURO.COM
/Suprema Corte de Justicia de la Nación
Organismos de expertos legales advierten que los constantes ataques del presidente López Obrador vulneran la independencia judicial
Expertos legales internacionales advirtieron que los constantes ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte pone en “grave riesgo” la independencia judicial en México.
De acuerdo con el informe “Diagnóstico sobre Independencia del Sistema Judicial Federal en México”, elaborado por el Vance Center for International Justice del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), y la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, el Poder Judicial de la Federación ha sido una de las instituciones más cuestionadas en la actual administración.
“El Presidente (AMLO), más que litigar los asuntos de su competencia ante la judicatura, ha atacado directamente a las y los integrantes de la judicatura, haciendo un explícito reclamo por no tomar decisiones judiciales de acuerdo a la agenda de su gobierno”, señala el documento publicado este miércoles.
En ese sentido el documento sostiene que los ataques hacia integrantes de la judicatura federal se han vuelto una constante no sólo del mandatario en Palacio Nacional sino también de gobernadoras, gobernadores y otros funcionarios por emitir resoluciones que no favorece en sus intereses o su agenda. Lo cual implica además “una vulneración a los compromisos internacionales del Estado Mexicano que podría resultar en responsabilidad para el mismo”.
El análisis de México forma parte de una serie de diagnósticos para 15 países en Latinoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia y Uruguay, cuyo objetivo es el visibilizar los principales problemas que enfrenta la judicatura en la región para actuar con independencia.
Según el diagnóstico en el caso mexicano los constantes amagos del titular del Ejecutivo federal en el sentido de recortar el presupuesto para el Poder Judicial al señalar que cuentan con una asignación de recursos excesiva y que no cumplen con su mandato, enciende una “alarma a nivel regional sobre el futuro del Poder Judicial de la Federación”.
En el marco de la discusión en el Congreso por el Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo, los expertos señalan que es fundamental que el Poder Judicial federal cuente con el incremento solicitado por la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, Norma Piña Hernández; de lo contrario, la reducción en un 32% que se plantea desde la Cámara de Diputados “afectaría gravemente el acceso a la justicia de miles de justiciables”.
La jueza costarricense Adriana Orocú, presidenta de la Federación Latinoamericana de Magistrados destaca en el informe la preocupación por las “reacciones y presiones en contra de la judicatura federal” en el país, al señalar que en democracia “la judicatura no se gobierna, se administra desde de forma eficaz, idónea e independiente”.
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Para Jaime Chávez Alor, Director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center, los ataques hacia juzgadores, que van desde menciones y campañas de desprestigio, hasta investigaciones administrativas y penales, “buscan someter a la judicatura a los intereses del gobierno, por lo que convocó a la comunidad jurídica nacional e internacional a trabajar en conjunto para garantizar la independencia judicial en México”.
Mientras que para Víctor Oléa, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados el hecho el hecho de que legisladores tengan la facultad de aprobar el presupuesto del Poder Judicial federal no avala la violación de su independencia ni la vulneración de derechos humanos, pues subrayó que “el acceso a la justica es un derecho humano y por lo tanto no está sujeto a negociación”.
Sin embargo, aunque dichas violaciones a los estándares internacionales han sido señaladas por diversas organizaciones nacionales e internacionales, los abogados señalan que el gobierno no ha dado una respuesta ni se ha tomado con seriedad la gravedad de los ataques, que advierteron resultan característicos de regímenes autoritarios en la región.
Al respecto, para el Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, estos hechos resultan alarmantes por el papel de México como “un líder regional en muchos aspectos relevantes para el Estado de derecho”.
En tanto que el Vance Center consideró claro el hecho de que si los operadores de justicia se ven amenazados en su actuación por cualquier influencia interna o externa, la justicia va a funcionar de manera defectuosa, parcializada y esto tendría graves implicaciones sobre los derechos de las personas que acuden a ella para la defensa de los mismos.
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