El escándalo por el plagio de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel Mossa era la jugada maestra para desestabilizar al gobierno de la Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una garganta profunda en Palacio Nacional confió a En Corto que ese golpe político contra el Gobierno de México se realizaría en tres etapas.
La primera, impedir a toda costa la llegada de Yasmín Esquivel Mossa como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que los adversarios políticos del jefe del Ejecutivo federal tenían conocimiento que era su candidata favorita a suceder a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, a partir del vínculo matrimonial con el empresario constructor, José María Riobóo.
Segundo, lograr su destitución como ministra de la Corte, luego de determinar que sí plagió su tesis, para después echar abajo todas las resoluciones y votaciones en las que participó como ponente y presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte.
Pero el punto central es el tercero, después de lograr los dos primeros, los artífices políticos de esta trama contarían con todos los elementos legales para enjuiciar a Pío López Obrador, hermano del presidente, por los videos revelados en 2020 por Latinus, en los que se le ve recibiendo bolsas de dinero de manos de David León, asesor del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.
Por qué, se preguntará estimado lector. ¿Qué tiene que ver la SCJN en el tema de Pío López Obrador o la ministra Yasmín Esquivel?
Aquí una respuesta puntual. En abril de 2022 la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en su calidad de presidenta de la Segunda Sala de la Corte, determinó suspender la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dada a la Fiscalía General de la República, de entregar al Instituto Nacional Electoral la carpeta de investigación contra Pío López Obrador.
Con la suspensión desactivó ese escándalo mediático que tanto afectó la calidad moral e imagen del presidente de la República, que lo tuvo enfrascado en una pelea diaria con los medios de comunicación.
La reactivación del caso del hermano del presidente López Obrador representaba para la oposición un escenario favorable para la contienda electoral por las gubernaturas del estado de México y de Coahuila.
Era la herramienta que necesitaban para ganar las elecciones del 4 de junio, para después convertir a Pío López Obrador en el personaje central del mayor caso de corrupción del gobierno de la Cuarta Transformación, en vísperas de la elección presidencial de 2024.
Por eso, al lograr el primer punto de esta jugada maestra, los directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México, esos que dice el presidente López Obrador tienen secuestrada a la máxima casa de estudios del país, echaron andar la segunda fase.
Ésta consistía en transferir a la Secretaría de Educación Pública y a su titular, Leticia Ramírez Amaya, la responsabilidad de resolver el escándalo.
El asunto iba en dos vertientes, si la SEP exoneraba a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la dependencia federal estaría haciendo el papelón de defender un acto de corrupción para obtener un título universitario.
El tema no iba a quedar ahí. Conforme a un guion, acto seguido, los adversarios del presidente López Obrador iban a pedir a la UNAM que le enmendara la plana a la SEP.
Después vendría la anulación de la licenciatura y, en tal virtud, vendría la exigencia, de revisar todas y cada una de sus resoluciones o votos otorgados a su paso por todas las instancias del Poder Judicial donde ha participado, siendo magistrada y últimamente ministra de la Corte.
Luego entonces, vendría la exigencia de personas físicas o morales, que se hayan visto afectadas por esas resoluciones o votos, para revisar sus casos, y eventualmente, anularlos.
Vendría entonces el desenlace de la trama, éste con un golpe brutal para el gobierno de la Cuarta Transformación, pues impactaría en la gobernabilidad del país.
Todo ello, gracias a la SEP, de acuerdo al guion prefabricado, y en el que participaron varios de los que el presidente menciona en sus conferencias mañaneras, entre ellos autoridades y ex autoridades universitarias del más alto nivel de la UNAM.
Imagine estimado lector el golpe maestro planeado para impactar en la gobernabilidad del país.
El escenario para el país, podría haber sido catastrófico, de haber fructificado el plan fraguado.
Imagine estimado lector cuántos han sido agraviados, individuos y empresarios, por las resoluciones o votos de la ministra Esquivel Mossa.
De conseguir su cometido, los afectados habrían pedido la revisión de sus temas y anular las resoluciones, reponer procedimientos o votaciones, habría sido una locura porque quién los juzgó fue una persona que plagió su tesis para graduarse de la universidad.
El otro impacto, en el ámbito político habría sido conseguir por todos los medios que el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador pisara la cárcel, como ocurrió con Raúl Salinas de Gortari y destruir de una vez por todas la autoridad moral del inquilino de Palacio Nacional.
En Cortito: En más del Poder Judicial de la Federación seguimos pendientes del caso del empresario Ermilo Castilla Roche, quien fue juzgado dos veces por el delito de fraude. Hoy la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá este asunto, y según el proyecto de sentencia del cual En Corto tuvo acceso, la Corte establece que no sólo se violó la Constitución Política, sino los derechos humanos de Ermilo Castilla Roche. La SCJN señala que en este caso existe una violación tajante a la presunción de inocencia del inculpado, sobre todo en lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa que le impuso un juez de Yucatán. Mientras tanto la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, está ahora muy pendiente de lo que resuelvan los magistrados de Campeche, Mario Toroya, Miguel Ángel González y Christian Omar González, quienes son los responsables de analizar la recusación en este tema de los magistrados federales de Yucatán, Jesús Hernández Moreno y Jorge Enrique Eden Wynter, por tener un vínculo familiar, de negocio o de amistad con la parte acusadora, y quienes están en el ojo del huracán por sus actuaciones y también por seguir en el cargo por más de 25 años. Como se recordará, el exsuegro de Ermilo, el empresario Fernando Ponce García, cuya familia opera la empresa Bepensa, principal embotelladora de Coca Cola en la Península de Yucatán, lo metió a la cárcel por un presunto fraude, a pesar de que ya había sido absuelto en Quintana Roo. Es muy importante el caso de Ermilo Castilla Roche, ya que la SCJN dictará jurisprudencia, lo que significará que en el futuro ya no se cometan este tipo de violaciones a los ciudadanos.
