El asesinato del periodista Roberto Toledo, ocurrido el lunes y que se suma a los tres homicidios en este año recién iniciado, hacen temer que no constituyen hechos aislados.
Los cuatro periodistas asesinados, a razón de uno por semana, habían recibido amenazas.
Más allá de que sus muertes violentas pongan en duda la eficacia del mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos y de los periodistas, el conjunto de sus muertes parece tener una constante: la intención de desestabilización de un gobierno que ha arremetido desde un principio contra la prensa, y sus principales exponentes, los periodistas, llámense conductores de radio, televisión y medios digitales, columnistas, opinadores, y un largo etcétera.
Intención de desestabilización de un gobierno que, desde el púlpito presidencial de las conferencias mañaneras, su principal exponente, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, arremete contra todo aquel que se dedique al noble oficio del periodismo.
Para ser recipiendarios de la ira presidencial, basta ser periodista, pudiste o puedes coincidir con su movimiento, como Carmen Aristegui Flores o Julio Hernández López, pero si hiciste una leve crítica al gobierno de la Cuarta Transformación, entonces ya eres adversario, formas parte de la legión de los conservadores, de la mafia del poder.
Lo anterior no rebasaría la esfera del anecdotario y se inscribiría en la lucha maniquea por el poder, si no fuera porque algunos más perversos que el presidente pareciera han hecho una lectura bastante macabra del tema.
Los periodistas son un gremio apreciado entre la sociedad, ricos y pobres, fifís y chairos, cultos, medianamente instruidos y no preparados, ubican su papel y relevancia.
Las conferencias mañaneras han sido clave para que los periodistas estén ahora, en el imaginario colectivo.
Por tanto, asesinar a una o uno de ellos equivale a atentar contra el pueblo, a que éste se sienta lastimado, ofendido.
Lo anterior porque independientemente de que la ciudadanía sienta a los periodistas, como parte del pueblo, como uno de ellos, las series y películas casi siempre los han presentado como defensores de las causas más desprotegidas.
Y si en un mes, el primero de un año, ocurren cuatro asesinatos, todos ellos sin que haya algún detenido o avance importante en las investigaciones, el mensaje que se envía es de impunidad total, de que no pasará nada más allá de una condena en redes sociales.
Y he ahí el meollo del asunto, a alguien (o a algunos) le está beneficiando el clima de zozobra, de temor, de ingobernabilidad, que se siente en el país.
Quisiera de verdad equivocarme, pero hay signos que apuntan hacia allá, hasta el momento hay cuatro periodistas que han perdido la vida, como dijimos uno cada semana.
Y el de Roberto Toledo dio la apariencia de que se les estaba pasando, que en esta semana no había ocurrido uno, y de ahí que haya sucedido en el último momento, el último día de enero. He ahí lo macabro y preocupante del caso.
El primer periodista que inauguró está funesta lista del mes, fue José Luis Gamboa, director del diario digital Inforegio, asesinado con arma blanca, el pasado 10 de enero en Veracruz.
El segundo, el fotoperiodista Margarito Esquivel, asesinado a balazos, siete días después, el 17 de enero, en Tijuana, Baja California.
La siguiente semana, el 23 de enero fue a abatida a balazos la periodista, Lourdes Maldonado, en esa misma ciudad.
Una semana después, el 31 de enero, sucedió el crimen a balazos de Roberto Toledo, en Michoacán.
Preocupante también es la respuesta del gobierno federal en todos los casos, pero en el de Roberto Toledo, recurrieron a lo más básico: negar su actividad periodística.
El lunes, apenas habían transcurrido unas horas del crimen, cuando el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, publicó un tuit en el que dijo que Toledo no era periodista sino auxiliar en un despacho de abogados. Esto sin importar que el propio director del medio en el que trabajaba, ya había dicho que era uno de sus colaboradores y que había recibido amenazas.
Del presidente ya ni hablemos, la mañana del martes no fue para ofrecer condolencias a los familiares de este comunicador, mucho menos para lamentar el ataque.
Ayer empezó un nuevo mes, ojalá los vientos de febrero se lleven consigo la violencia desatada contra el gremio periodístico.
Solo el tiempo lo dirá.
En Cortito: El Consejo de la Judicatura de la Federación, a cargo del ministro, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea está envuelto en la corrupción.
Alejandro Ríos Camarena, ya no es desde hoy, secretario Ejecutivo de Administración, su cese fue fulminante, y aún cuando no hay información oficial sobre la razón de la separación del cargo del hombre que manejaba el dinero del CJF, se dice que está sujeto a Investigaciones.
Fuentes bien informadas confiaron a En Corto que otros escándalos están por estallar, ya que son miles de millones los que tiene bajo su manejo el Consejo, y Zaldívar apenas se dió cuenta.
La garganta profunda del PJF nos confía que quién también está en la mira es Carlos Alpízar, secretario del CJF, quien suma cada día más quejas de jueces y magistrados que reciben llamadas para intervenir en juicios a su cargo.
Carlos Alpízar es uno de los hombres de mayor confianza del ministro Lelo de Larrea y en tal virtud, se dice, no mueve un dedo, si no se lo pide su jefe.
Las inconformidades sobre el personaje, también las han manifestado los consejeros de la Judicatura, quienes se quejan de que han sido borrados de un plumazo por la voluntad del presidente de la Corte, al grado de que las sesiones del pleno del CJF son ficticias.
Resulta que con el pretexto de la pandemia, el secretario del Consejo les habla a los consejeros para preguntarles cuál será el sentido de sus votos, para así amarrar las decisiones.
De esta manera se burla la disposición que obliga a los consejeros a sesionar y discutir los asuntos que son competencia del Consejo.
Con estas atribuciones concedidas, el secretario se ubica por encima de los consejeros y tiene el control de sus votos.
El poder de Alpízar es muy parecido al de Alejandra Spitalier en la Corte, a quien por cierto se le ha puesto toda la estructura de Comunicación del tribunal para tratar de promocionarla, a fin de que el Senado la tome en cuenta para que ocupe la vacante que dejó Loretta Ortiz.
De esta manera el presidente podría seguir sumando votos en el Consejo sin discusión. Y le garantizaría un espacio para después de que deje la presidencia.
Los nuevos escándalos que se avecinan se suman al despido de la directora del Canal Justicia TV, Yahali Trinidad David Bueno, quien previó a su salida destruyó una cantidad importante de documentos y de evidencias de sus malos manejos, a su paso por ahí
Yahali es la misma que llevó al Canal Judicial, como coordinador administrativo a Pedro Navarro Laflin, el ex oficial mayor de la PGR que fue señalado por firmar contratos que obligan a la Fiscalía que dirige Alejandro Gertz Manero a rentar edificios con daños hasta el 2022.
No es gratuito que le esté haciendo agua el PJF a Zaldívar Lelo de Larrea. Es el costo de su doble discurso y moral, y de haberse rodeado tramposamente de personajes impresentables de las filas del PRI, recomendados de su amigo de parranda, Humberto Castillejos exjurídico de la Presidencia de Peña Nieto; del candidato tricolor fracasado, José Antonio Meade y del exsenador Raúl Cervantes. De esto tienen registro en Palacio Nacional y en Morena, que, por lo pronto le aplican la canción de los Beatles: “Déjalo ser”.
