Las disputas que México mantiene con empresas privadas extranjera por proyectos de los sexenios anteriores podrían salirle muy caro. El ejemplo del caso que mantuvo contra la firma canadiense ATCO Ltd, presenta las cantidades que arriesga.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) perdió en 2021 un caso de arbitraje internacional contra ATCO Ltd lo que significó la obligación de realizar un pago de reparación de alrededor de 85 millones de dólares.
Según tres personas familiarizadas con el asunto consultadas por Reuters, el caso se relaciona con un gasoducto contratado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual está en Tula, Hidalgo. Sin embargo, deja ver el panorama al que se enfrentaría en tribunales internacionales de ser demandado por empresas extranjeras tras su reforma energética que fortalece a la CFE y a Pemex.
La Corte de Arbitraje Internacional de Londres otorgó el laudo sobre el oleoducto Ramal Tula a la empresa canadiense en octubre de 2021. Tras sumar los honorarios e interesas, la suma rondaba los 100 millones de dólares, los cuales fueron pagados por la empresa eléctrica mexicana en diciembre.
Aunque las partes involucradas en le litigio no se han pronunciado al respecto, se sabe que ATCO buscó el arbitraje porque después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera el poder en 2018. La razón fue que la CFE canceló un contrato que la anterior administración acordó para la construcción de un gasoducto de gas natural en Tula argumentando que el trabajo estaba incompleto.
Tribunales a favor del capital privado
Por su parte, ATCO afirmó que no podía completar el tramo final de la obra por la resistencia de las comunidades locales, por lo que decisión invocar causas de fuerza mayor para parar las obras. Cabe señalar que construyó la mayor parte del oleoducto de 17 kilómetros.
El argumento de la empresa canadiense ante el tribunal fue que el gobierno de México no había hecho lo suficiente para permitir la finalización del oleoducto. La autoridad internacional no consideró el dinero público que se paga a la empresa que es de los mexicanos, y optó por darle la razón.
Cuando el proyecto se le adjudicó a ATCO se había proyectado una inversión de 66 millones de dólares cuando se adjudicó en 2014.
El caso es relevante porque actualmente hay contexto en el que a soberanía sobre asuntos estratégicos de la nación son clave, en especial por que el presidente López Obrador ha fortalecido a las empresas energéticas para no depender de otros países.
En julio pasado, el Representante de Comercio de Estados Unidos solicitó conversaciones de resolución de disputas con México sobre inversiones energéticas de miles de millones de dólares por una presunta violación del gobierno mexicano al acuerdo comercial T-MEC.
La disputa fue secundada por Canadá y actualmente se está en mesas de diálogo para resolver las controversias. DJ
Con información de Reuters
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