En 2024 no sólo se elegurá presidente de la República y se renovará el Congreso mexicano, también está en juego la división de Poderes, advierte la plataforma de inteligencia jurídica Lexology.
En un artículo publicado esta semana, el portal especializado en análisis judicial anticipa que “López Obrador finalizará su administración habiendo elegido a al menos cinco ministros de la SCJN. Su sucesor, que asumirá el cargo en octubre de 2024, podrá nombrar, durante su mandato a al menos tres ministros más. La SCJN necesita ocho votos para avalar reformas constitucionales y cuatro para bloquearlas por otros motivos”.
De consolidarse esta cuota de ocho ministros afines, el gobierno morenista no tendría obstáculo para que transiten reformas como las aprobadas en este sexenio por la mayoría oficialista en el Congreso, pero que fueron bloqueadas por la Suprema Corte, como es el caso de la reforma electoral que buscaba debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).
La renuncia de Arturo Zaldívar podría traer cambios en la composición de las dos salas de la Corte Suprema. Uno de los ministros alineados con López Obrador ha solicitado pasar de la Segunda Sala, que habitualmente atiende casos de derecho laboral y administrativo, a la Primera Sala, que se ocupa de casos de derecho civil y penal”, informa Lexology.
El presidente López Obrador está impulsando una reforma del Poder Judicial, que incluye la elección de jueces y ministros por la vía del voto popular y las creación de un tribunal interno que se encargue de vigilar y sancionar el desempeño de los jueces. Expertos en derecho aseguran que el proyecto es anticonstitucional, pero aún así el mandatario está empeñado es sacarlo adelante.
Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena y puntera en las encuestas rumbo a las elecciones de junio de 2024, ha dicho que está de acuerdo con ese proyecto de reforma y dijo que es necesario que la coalición oficialista (Morena, PT y Verde) ganan la mayoría calificada en el Congreso para que la enmienda avance sin problemas.
Además de impactar en la división de Poderes, Lexology vaticina que la futura composición de la Suprema Corte desempeñará un papel decisivo mucho más allá del final de la administración de López Obrador (septiembre de 2024) en áreas que son “críticas para el clima empresarial general”, como energía, política fiscal, lucha antimonopolio, el papel de las Fuerzas Armadas en regulación de seguridad pública, telecomunicaciones, ciberseguridad y inteligencia artificial, entre otros.
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