Responsabilidades ambiguas —inclusive para las cabezas de la institución—, falta de seguimiento a mapas de riesgos, ausencia de manuales de operación, personal sin certificación, confusión en las competencias de cada secretaría, “polisemia” en la Ley de Migración…
A mediados de 2022, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó una investigación que daba cuenta de la anarquía que predomina en el Instituto Nacional de Migración (INM), dependencia que hoy se ubica en el ojo del huracán tras la muerte de 39 migrantes en una estación de Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Respecto a su Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR), se verificó que el INM no contó con la descripción de las estrategias que permitan definir las acciones de control para administrar los riesgos”, señala la auditoría 2021-5-04K00-21-0172-2022, con datos actualizados a octubre de 2022.
El organismo encabezado por Francisco Garduño tampoco contó con “la vinculación y referencia específica de los riesgos a su mandato legal relacionados con ejecutar, controlar y supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias, con la entrada y salida de personas del territorio nacional, con la mejora de los trámites migratorios, con la capacitación y profesionalización de los servidores públicos en materia migratoria, y con el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento con que cuenta el instituto”, agrega el documento.
Lee también: El Salvador ve en tragedia de Cd. Juárez un crimen de Estado
El pasado 27 de marzo, 39 migrantes murieron calcinados o por asfixia, y 29 más resultaron heridos, tras un incendio en el centro de internamiento de Juárez, donde personal de la estación se rehusó a abrir la reja que mantenía encerrados a los centro y sudamericanos.
La investigación advierte que desde octubre de 2022, el INM contaba con un diagnóstico de 10 riesgos que se debían atender con urgencia. Entre las prioridades estaban “servidores públicos no capacitados en materia de derechos humanos”, “trámites migratorios derivados de presuntos actos de corrupción” e “ingresos autorizados a las estaciones migratorias sin apego a la normatividad vigente”.
Dato. La crisis en el INM coincide con niveles récord en el flujo de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica.
La ASF lanzó un exhorto a la Cámara de Diputados para eliminar el carácter “polisémico” de la Ley de Migración, ya que no queda claro a qué se refiere cuando la norma habla de “autoridad migratoria”, pues alude tanto a las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y de Salud, además de la Fiscalía General de la República.
Esta ambigüedad hizo crisis el día siguiente de la tragedia, pues los titulares de Gobernación, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard se culparon mutuamente del incendio.
El órgano fiscalizador también llamó la atención sobre la falta de manuales de organización, lo que provoca que ni el propio titular del INM tenga claras sus facultades.
“No se contó con el Manual de Organización Específico, la política, el lineamiento o el instrumento normativo de carácter interno que precisara las funciones y atribuciones de las áreas adscritas a la Oficina del Comisionado para brindar certeza jurídica en el cumplimiento de sus funciones”, recalca la auditoría.
ES DE INTERÉS |
Asciende a 40 muertos por incendio migrante en Ciudad Juárez
Muerte de migrantes en Chihuahua desata furia contra la 4T
Primer trimestre de 2023 rompen récord las peticiones de refugio
