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La devolución de impuestos se ha convertido en parte del andamiaje financiero de las grandes empresas. Un mecanismo que fue creado hace más de 40 años, en el gobierno de Luis Echeverría, y que cada año se incrementa, a tal punto que hoy día el Tribunal Superior de Justicia Administrativa Federal (TSJAF), en promedio cada 24 horas, recibe dos demandas en las que se exige al Servicio de Administración Tributaria (SAT) la restitución de las contribuciones.
Tan sólo en los últimos ocho años se han presentado cerca de seis mil demandas de este tipo, cuyos montos reclamados han crecido seis veces, al pasar de 85.9 millones de pesos (cifra que a valor presente equivale a 117.4 millones) en 2010 a 619.4 millones de pesos hasta octubre de 2018. Sin embargo, no en todos los casos estos juicios los han ganado al gobierno.
Los reembolsos de 2010 a octubre de 2018 equivalen a las provisiones salariales y económicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), según el Presupuesto de Egresos de 2019.
Aunque esos montos reintegrados representan un porcentaje menor frente al total de la recaudación anual. Por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la devolución de impuestos fue por dos mil 504 millones de pesos (a valor presente); en un cálculo realizado por ejecentral se muestra que en el gobierno de Peña Nieto devolvió en promedio 1.68 pesos por cada 10 mil pesos recolectados de Impuesto sobre la Renta (ISR), al Valor Agregado (IVA) y Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
Esto significa que el gobierno anterior reembolsó menos dinero que sus dos antecesores. Felipe Calderón es el que devolvió más impuestos a las empresas, en total 1.76 pesos por cada 10 mil pesos, y 1.70 pesos con Vicente Fox. En el caso de Ernesto Zedillo, en el último año, fueron 1.42 pesos por cada 10 mil pesos.
De 2000 a octubre de 2018, las devoluciones que han salido de las cajas de la Tesorería de la Federación ascendieron a cinco mil 600 millones de pesos (a valor presente) y se han repartido entre firmas como Jugos del Valle (de Coca-Cola), Televisa, Maseca, Sabritas (de PepsiCo), Telmex, Telcel, Bimbo, Soriana, Bancomer, Oxxo, Ford, Grupo Modelo, Bancomer, Bachoco y Marinela, por citar algunas.
El régimen de consolidación fiscal fue eliminado por el Congreso desde 2014, a través de una reforma a la ley del ISR.
Al respecto, estudios revelan que el impacto del régimen de consolidación fiscal llegó a representar dos puntos del Producto Interno Bruto en 2011. En ese año el economista Ciro Di Constanzo sostuvo que “si sólo se eliminara el régimen de consolidación fiscal, se obtendrían más de dos puntos PIB de recaudación en tan sólo 30 empresas”.
De hecho, señaló que de eliminar el régimen y “las grandes empresas pagaran impuestos como todos los mexicanos, el IVA podría bajar hasta 4% y también se podrían evitar incrementos a gasolina y energía eléctrica”.
En 2010, por ejemplo, Grupo Bimbo obtuvo utilidades por cinco mil 544 millones y pagó dos mil 363 millones de impuestos a la utilidad, lo que significó una tasa impositiva efectiva 29.9%. Sin embargo, para ese mismo año, la empresa del Osito tenía registrado en su balance impuestos por recuperar por cuatro mil 21 millones. Un año más tarde, después de pagar tres mil 36 millones de pesos de ISR, la utilidad neta fue de cinco mil 660 millones de pesos y en su balance tenía registrado cuatro mil 330 millones de impuestos por recuperar.
El origen
En 1973, el entonces presidente Luis Echeverría decretó el llamado Régimen de Consolidación Fiscal, que buscaba incentivar la inversión privada en el país y generar empleos, con la condición de no dañar las finanzas públicas, mediante un esquema en el que se difería el pago de ISR.
Sin embargo, al paso de los años se demostró que las devoluciones no generan mayor inversión. En un informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se advertía que “la evidencia empírica (una comparación entre inversión privada y devoluciones) no confirma la hipótesis que sostiene que una baja en las tasas impositivas, como la que se presenta mediante las devoluciones, representa un incentivo para que los agentes económicos incrementen su inversión, ya que mientras las devoluciones mostraron una acelerada tendencia a crecer, las variaciones anuales a la alza de la inversión privada no fueron proporcionales”.
Las modificaciones a este gravamen llevaron a que 10 años después, en 1983, se permitiera que un grupo de empresas con un mismo accionista mayoritario pudieran pagar impuestos como si fueran una sola. En caso de que si una compañía registra pérdidas se pudiera deducir de las que sí tuvieron ganancias, con lo que consorcios comenzaron a tener la posibilidad de crear empresas diseñadas para perder.
A mediados de 2014, la administración general de grandes contribuyentes del SAT, encabezada entonces por Óscar Molina, reveló que unas 270 empresas de los 16 mil grandes contribuyentes registrados en México utilizaban ingenierías fiscales para reducir o eludir sus contribuciones, por lo que iniciaron varias auditorías.
Aunque realmente no eran tantas como suponía el SAT, pues la ASF al revisar las cuentas públicas detectó devoluciones de impuestos en pocas empresas: durante 2005 se reembolsaron 106.5 millones de pesos (180.7 millones, a valor presente), de ese “total de devoluciones se encuentran altamente concentradas, en 398 grandes empresas que concentraron el 76.5% del dinero devuelto (138.2 millones de pesos, a valor presente)”, explica el documento, y añade, que “un grupo de 10 empresas” recibió de regreso impuestos equivalente al 21% de las devoluciones totales, de ellas cinco fueron de la industria automotriz, una cadena de tiendas departamentales, otra de productos fotográficos, una institución financiera, una panificadora, y una más del sector hierros y acero.
Las revisiones de las cuentas públicas de la ASF muestran que el grueso de los reembolsos se aglutina en menos empresas cada vez: para el 2010 se reintegraron 174.2 millones de pesos (237.9 millones, a valor presente) a cementeras, mineras, automotrices, refresqueras, cerveceras, maquiladoras de electrodoméstico, alimentos enlatados, cigarreras y telefónicas; al año siguiente las devoluciones fueron del orden de los 219.2 millones (289.5 millones, a valor presente), de los cuales el 28.7% quedaron en manos de 20 compañías.
Las cuatro mil de Modelo
Las empresas a las que en el SAT no les reintegra sus impuestos, deben acudir al TSJAF, para presentar sus demandas.
Entre los legajos hay casos emblemáticos. ejecentral consultó los expedientes electrónicos del tribunal y detectó que la cervecera Grupo Modelo interpuso de 2010 a octubre de 2018, 4 mil 525 demandas, de las cuales mil 44 son para devolución de impuestos.
Pero la que más juicios registra es Grupo México, la minera más grande del país. Entre sus filiales tiene a la empresa GMéxico Transportes (que agrupa a las ferroviarias Ferromex y Ferrosur), que operan la flota ferroviaria más grande del país. Dicha empresa, que también es la tercera productora de cobre en el mundo, tiene interpuestas 35 mil 353 demandas, de las cuales dos mil 897 son para recuperar impuestos.
Estos juicios llevaban varios años y debido a que el TSJAF es de primera instancia, se puede buscar que se revoquen sus resoluciones en caso de no favorecer a los intereses de las empresas, y le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunciarse al respecto, como ocurrió hace unas semanas en el caso de exsocios del Grupo Modelo.
Los casos en litigio ante el tribunal suelen tardar algunos años. Un caso interesante es el de Jugos del Valle, que desde 1996 (una década antes de que fuera adquirida por Coca-Cola Company) tenía litigios con diferentes bufetes de abogados para la devolución de impuestos, hasta que en 2002 contrató a un despacho de abogados vinculado al entonces senador del Partido Acción Nacional (PAN), Diego Fernández de Cevallos. Los nuevos litigantes lograron la devolución de mil 800 millones de pesos de IVA y IEPS.
Entonces el titular de Hacienda era Francisco Gil Díaz, cuando se dio la decisión que se había postergado un sexenio para devolverle mil 540 millones de pesos por el IVA que había pagado; así como otros 260 millones por el IEPS, con la gravante que se solicitaba la devolución a valor actualizado; es decir, sumando inflación e intereses que debieron generarse en esos seis años.
Por este caso, se le acusó al llamado Jefe Diego de tráfico de influencias, iniciándose una escalada de propuestas de reformas legales para que los legisladores no pudieran ejercer sus anteriores trabajos durante el periodo de su cargo como congresistas, las iniciativas fueron congeladas por las fracciones del PAN y el PRI.
Amparándose en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, se argumenta que no se pueden transparentar los montos ni las empresas a las que se les devuelven impuestos: “El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes (...), así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”.
Ante tal negativa, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), con el apoyo de fallos jurisdiccionales, determinó que sus resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables, por lo que es se considera como grave que pese a la orden del INAI el SAT se niegue en diversas ocasiones a entregar la información.
El INAI ha emitido más de 20 resoluciones sobre el tema, en las que sostiene que la información es de interés público, por lo que debe transparentarse. Desde 2014, el organismo ha presentado quejas, en al menos 14 ocasiones, ante la Secretaría de la Función Pública contra el SAT, por no acatar sus resoluciones, pero hasta la fecha no se ha impuesto alguna sanción por incumplimiento.
El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva.”
