Empresas mexicanas y la internacional Nuctech Company se encuentran inconformes por el fallo de la licitación pública electrónica bajo la cobertura de tratados no LA-007000999-E1040-2022 en las que la Sedena le asignó un contrato por 11 mil 630 millones de pesos a Rapiscan Systems.
Es por ello, que buscan la suspensión por lo que ingresaron la queja 169/2023 ante el 22 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa debido a que de primera instancia su amparo fue desechado por el Juzgado VIII en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el cual acusan que flagrantemente y sin razón alguna contravino jurisprudencia dictada por la SCJN, a cargo de Norma Lucía Piña.
Señalan que los militares en el proceso fueron mal asesorados para elegir a su proveedor de equipos de rayos X, ya que optaron por la propuesta más cara de todas y se debería buscar el ahorro de fondos públicos en beneficio de las finanzas del país.
Las compañías buscan suspender todo el procedimiento que son las 4 partidas asignadas a la controvertida Rapiscan, pero también, buscan evitar solicitudes de cotizaciones o adjudicaciones directas para las 2 partidas que fueron declaradas desiertas por parte de Sedena. En el proceso buscan reponer la licitación ya que, asegura, existen graves anomalías presentadas en el proceso y en el fallo correspondiente, el cual se emitió sin motivación alguna contraviniendo principios constitucionales en materia de contratación pública, de acuerdo a su demanda. Además, señalan que se dañó la soberanía nacional debido a las presiones de una embajada para elegir a la firma.
Esperan que Sedena corrija la decisión tomada, como lo es en el caso de Semar que en una primera instancia le había otorgado a la misma empresa Rapiscan un contrato por 3 mil 800 millones de pesos mediante adjudicación directa en diciembre de 2022, para proveer equipos de rayos X para los puertos de México. Sin embargo han pasado más de 4 meses, y a la fecha aún no firman el contrato debido a que aseguran que la marina sigue evaluando si es correcto darle todo el convenio a esta empresa por los diferentes señalamientos en su contra que han surgido en los últimos meses.
Algunas de las acusaciones públicas, son que en medios de comunicación se hizo público que el SAT en 2021 le rescindió el contrato a Rapiscan por incumplimiento de disponibilidad, entrega, y mala calidad. Por ello, se les impuso una sanción por más de 7 millones 500 mil pesos, hecho por el cual tampoco podrían obtener un contrato federal. También, es que un directivo de dicha compañía ingresó a prisión por presuntas acusaciones de lavado de dinero y corrupción, esto de acuerdo a información pública de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos que le asignó el número de recluso: 08449-506, aunque a los pocos días logró la libertad bajo fianza. Sin embargo, acusan que fue un directivo que estuvo a cargo de cerrar la negociación con Semar y ello contraviene los lineamientos de contratación pública en México porque se les pide informar si se encuentran sometidos a algún procedimiento de carácter civil, penal o administrativo.
