Empresarios de Matamoros convocan a paro por cobro de uso de suelo
El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas acusa a las autoridades del municipio de extorsionar a empresarios
La Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas (FECANACO), a cargo de Julio Almanza Armas, y las Cámaras de Comercio (Canaco) de 10 municipios de la entidad hicieron un llamado al gobernador Américo Villarreal para poner un alto a los cobros excesivos por el uso de suelo en Matamoros, acusando a las autoridades locales de llevar a cabo cargos con cifras “millonarias”.
A través de un documento firmado por los dirigentes de los organismos de Reynosa, Tampico, Ciudad Madero, El Mante, Altamira, Miguel Alemán, Camargo, Ciudad Victoria, Valle Hermoso y Río Bravo, así como por miembros de la iniciativa privada, acusan al alcalde morenista Mario López Hernández de aplicar precios que carecen de legalidad, pues vienen acompañados de extorsiones.
“Las empresas son obligadas a pagar, amparados en la Ley de Uso de Suelo y Protección Civil, cantidades millonarias que en la mayoría de los casos son impagables; en promedio, el 90 por ciento del monto debe ser entregado en efectivo y sin factura, siendo apenas un pequeño porcentaje, el 10 por ciento, el que justifica el Municipio con un recibo oficial”, se lee en el documento firmado por Almanza Armas.
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Dentro de la carta explican que la operación de este “cobro de piso” implantado por el alcalde no se denunciaba, hasta ahora, por temor a represalias; asimismo, advierten que de continuar con estas acciones por parte de la administración instalada en 2021, firmas que operan en el estado migrarían a ciudades de Estados Unidos como Texas por carecer de seguridad.
“Esto desalienta la llegada demás locales y pone en riesgo su permanencia, pues prefieren cerrar sus puertas ante lo desproporcionado del cobro de piso implantado por el alcalde. No hay denuncias porque son advertidos a no hacerlo; el gobierno debe ser sensible y no pretender que no pasa nada; este cobro opera con amenazas e infunde terror en los empresarios que generan empleo e inversión”, explican.
Finalmente, exigen a la administración de Villarreal otorgar una “amnistía” de un año para que los empresarios puedan “cumplir con la ley de forma legal y sin amenazas”; hasta el momento no se ha dado una respuesta oficial.
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