A menos de un año de que concluya la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, las principales metas sexenales en materia de combate a la corrupción se encuentran empantanadas, según datos del Quinto Informe de Gobierno.
Presentado el pasado viernes ante el Congreso de la Unión, el informe muestra que a finales del sexenio pasado se reportaban 14 mil 635 actos de corrupción derivados de la arbitrariedad, el abuso de autoridad y la discrecionalidad de los servidores públicos al momento de realizar trámites de gobierno.
La meta para 2024 era reducir ese número a menos de la mitad (siete mil 026 actos de corrupción); sin embargo, el último dato es que cada año se registran 14 mil 701, lo que significa que el fenómeno no sólo no ha bajado, sino que incluso se ha incrementado.
Otro de los objetivos sexenales prioritarios es reducir la percepción sobre la frecuencia de la corrupción en el gobierno federal. A finales del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 86.5 % de la población consideraba que las malas prácticas eran frecuentes en la administración pública federal y la meta del gobierno morenista es bajar ese porcentaje a la mitad (43.3 %). No obstante, a 13 meses de que concluya el gobierno de López Obrador, el último dato es que 65.5 % de los mexicanos estima que hay corrupción; es decir, el gobierno va a la mitad del camino.
El tercer objetivo prioritario de la llamada Cuarta Transformación es bajar a la mitad el número de experiencias de corrupción derivadas de la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios en la administración pública federal.
A finales del sexenio peñista se reportaban 25 mil 541 experiencias, y la meta para 2024 era bajar esa cifra a 12 mil 770. Sin embargo, el último dato disponible es que se documentaron 25 mil 995 experiencias. Es decir, el flagelo no sólo no se contuvo, sino que aumentó.
En el arranque de la 4T se fijó el objetivo de reducir la superficie útil de inmuebles a cargo del gobierno federal, con lo que se buscaba ahorrar en gastos de operación, mantenimiento y conservación.
En 2018 se tenía una tasa de 17.1 metros cuadrados de superficie útil por cada servidor público y el objetivo para 2024 es bajar a 16.3 metros cuadrados. Para 2023, el indicador no sólo no ha bajado, sino que subió a 17.22 metros cuadrados.
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