Por agresiones contra la Caravana Migrante que ingreso a México en enero, la Comisión Nacional e los Derechos Humanos emitió una recomendación para el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, así como para el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez.
De acuerdo con la CNDH se puso constatar que el 20 y 23 de enero, migrantes buscaron ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, ambos de Chiapas, sin embargo, fueron agredidos para detener su avance.
En esta acción, señala, participaron personal del INM y de la Guardia Nacional, quienes además de agredir a los integrantes de la Caravana Migrante, realizaron detenciones y los trasladaron a estaciones migratorias.
“La investigación de la CNDH permitió constatar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como al interés superior de la niñez y la adolescencia”, señala el organismo en su recomendación.
Se refiere que el Instituto Nacional de Migración vulnero los derechos a la legalidad y seguridad jurídica delas víctimas al permitir que la Guardia Nacional participara en el operativo de revisión y detención migratoria.
Aunado a ello, esta participación dio lugar al uso de desproporcional de la fuerza y omisión en la salvaguarda del interés superior de niñas, niños, adolescentes que se encontraban entre la población migrante.
Por ello, se solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reparar el daño integral a las víctimas, de la mano con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
También se deberá formular y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad que considere la rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza.
Para el INM se recomienda hacer las gestiones necesarias para localizar a las víctimas de dichas agresiones, para otorgarles atención médica y psicológica, lo que incluye la provisión de medicamentos y su inclusión en el Registro Nacional de Víctimas. CJG
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