La Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció penalmente a Emilio Zebadúa uno de los funcionarios de mayor rango en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la gestión de Rosario Robles.
Emilio Zebadúa es acusado por su participación en 2016 en el presunto desvío de 185 millones 839 mil pesos de la dependencia, que terminaron en empresas ilegales.
Como parte de la denuncia penal presentada en octubre de 2018 ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Auditoría concluyó que el “mano derecha” de Robles, en su cargo como Oficial Mayor de la dependencia, y dos de sus subalternos, entregaron de manera irregular recursos públicos a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, que no cumplió con los servicios previstos en un convenio firmado en enero de 2016.
De acuerdo a los informes, la universidad subcontrató más del 49% de los servicios, sobrepasando lo permitido legalmente. Además, no pudo acreditar que las empresas contratadas: Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. y Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V. realizaran los trabajos, “quedando en evidencia el desvío de recursos públicos federales a terceras personas y empresas”, expuso la Auditoría.
Cabe señalar que en 2013 y 2014, Emilo Zebadúa fue el funcionario encargado de administrar los recursos públicos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando se entregaron 2 mil 224 millones de pesos a universidades para supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Al final, los recursos terminaron en empresas ilegales, como reveló la investigación de llamada “Estafa Maestra”.
Cuando Rosario Robles dejó la titularidad de la Sedesol y llegó a Sedatu, nombró de nuevo a Zebadúa como Oficial Mayor, y según documentó la Auditoría en la Cuenta Pública de 2016, se repitió el esquema de desvío.
En tanto, los funcionarios que dependían del Oficial Mayor y que también fueron señalados por cometer presuntas irregularidades son Francisco Báez, director general de Programación y Presupuesto; y Humberto René Islas Cortés, director general de Recursos Materiales.
Más involucrados
La denuncia de hechos fue presentada el 25 de octubre de 2018 por Heladio Ramírez Pineda, director general Jurídico de la ASF ante la PGR, en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, para que “se investigue la posible comisión de conductas ilícitas y la probable responsabilidad de los involucrados señalados”.
En ella también se señala a Armando Saldaña, quien era director General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgos, por suscribir dicho convenio y recibir “a entera satisfacción los servicios ejecutados”.
Por parte de la universidad también fue señalado el exrector, Juan de Dios Nochebuena, quien firmó y autorizó el convenio. También su secretario administrativo, José Humberto Ángeles Hernández, por adjudicar la mayor parte de los servicios a las empresas Contabilidad y Soluciones INNER y Asesores Contables Administrativos VICMA.
Mientras que el abogado general de la Universidad, Iván Loyola, autorizó los contratos con las empresas y, según la denuncia, pese a no acreditar los servicios le fueron transferidos los recursos. Rosalba Ángeles Delgado también avaló con su firma los contratos y Edna Borbolla Galindo elaboró los estudios de mercado, que fue la base para adjudicar los servicios a las empresas, señala el documento oficial.
La Auditoría presentó 35 documentos que acreditaron “la conducta de constitutiva de la irregularidad”, que incluye oficios de comunicación, convenios, contratos, facturas, entregables y estados de cuenta bancarios de las empresas para que fueran revisados por la Procuraduría y permitiera continuar la investigación para que determinara la probable comisión de delitos cometidos por parte de los funcionarios mencionados. (Con información de Reforma) NM
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