Todo el país vivirá en 2024 un histórico reacomodo político. El problema es que los comicios más grandes que se hayan llevado a cabo en el país se desarrollarán en un ambiente de mayor polarización y violencia. Así que uno de los retos sustanciales del presidente Andrés Manuel López Obrador será mantener la gobernabilidad y no intervenir en lo electoral.
Aunque lo segundo parece difícil, porque a pesar de que insiste que no hace campaña, desde junio de 2020 sentenció: “No hay para donde hacerse, o se está por la transformación o se está en contra”.
En ese escenario, en el que el discurso político se volvió maniqueísta y la violencia aumenta, se llevarán a cabo los comicios en los que se renovarán 20 mil 375 cargos públicos, 629 de ellos son federales y 19 mil 746 a nivel estatal y municipal. Y un dato muy importante es que habrán bastantes recursos disponibles, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral (INE) se podrán gastar, oficialmente 10 mil 444 millones de pesos, cifra comparable con todo el presupuesto que la Secretaría de Gobernación en 2024.
La oposición ya alerta de una inminente vulneración a los principios de imparcialidad por parte del Ejecutivo Federal, como ya lo hizo en otras contiendas. Y como prueba, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha emitido 18 sentencias firmes contra López Obrador por violaciones a la ley, además confirmó una amonestación pública en su contra por posicionarse sobre el proceso comicial del estado de México y Coahuila, estados que en 2023 renovaron su gubernatura. Es decir, el morenista acumula más sentencias firmes en su contra que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, juntos.
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El reto del Ejecutivo no sólo es mantener la neutralidad en la contienda, también la gobernabilidad y que los comicios se lleven a cabo en paz. De acuerdo con la base de datos de Votar entre Balas, un proyecto de la organización Data Cívica y el CIDE, “la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios”.
Este 2023 ya es el año con más ataques a autoridades, partidos y personas que vinculados a la política, con 529 eventos violentos, 43 más que los que se presentaron un año atrás.
“En el periodo de 2018 a 2023 se han registrado un total de mil 564 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos. Hasta el momento, el año de 2023 ha registrado la mayor cantidad de eventos de violencia criminal-electoral, seguido de 2022”, precisa en su informe al corte de noviembre pasado.
Congreso, la clave
Para que continúe su legado, a López Obrador también le importa mucho la conformación del Congreso de la Unión, pues la integración actual le ha impedido sacar reformas constitucionales que considera prioritarias, como la del sector energético y la electoral.
Desde 1997 el Ejecutivo dejó de contar con mayoría en el Congreso, algo que los especialistas consideran sano para tener un sistema de contrapesos y no se dé la concentración del poder. Sin embargo, Morena y sus aliados buscan obtener en conjunto las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado en la próxima elección, para que se aprueben iniciativas como la reforma para desaparecer órganos autónomos y la judicial, para que ministros, jueces y magistrados sean elector por voto popular.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa, de los últimos cuatro presidentes de México, López Obrador es quien menos iniciativas ha enviado y al que le han aprobado poco en el Congreso, con un registro del 72.50%, frente a Enrique Peña Nieto, su predecesor, con 79.84 por ciento.
10 mil millones de pesos disponibles para gastarse los candidatos en las campañas de 2024.
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