La extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación no ha logrado llegar a consolidarse, incluso luego del presunto acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra presidenta Norma Piña.
Luego de la aprobación de la desaparición de los fideicomisos, señalados por el mandatario como privilegios para magistrados, jueces y ministros, López Obrador parecía haber ganado la batalla, pero no.
Sin embargo, con el golpe del huracán Otis en Acapulco y la cantidad de daños causados en la entidad, el mismo mandatario propuso al PJF que los 15 mil millones de pesos de esos fideicomisos fuera utilizado para la reconstrucción y fue aceptado.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó que los recursos fueran utilizados para apoyar a los acapulqueños, y participar en la coordinación de éstos.
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El pasado viernes, el juez de Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, concedió una suspensión definitiva a los jueces federales que impugnaron el decreto que ordenaba la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Y ordenó abstenerse de aplicar dicho decreto por el que la Secretaría de Gobernación desaparece dichos fideicomisos.
Pero el Gobierno federal no se quedó de brazos cruzados e impugnó la suspensión otorgada a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED).
La impugnación fue turnada al Décimo Tercer Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que será el encargado de tomar una decisión en los próximos días en torno a este tema.
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