De 2018 al 2020 creció en 59 por ciento el riesgo de corrupción en las compras públicas de las instituciones federales, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
La organización señaló que el IRC se elevó en 147 de 247 dependencias por la falta de competencia, al asignar en su mayoría contratos por la vía de la adjudicación directa y la invitación restringida en lugar de hacer procesos de licitación, además, prevalece en las compras la poca transparencia y el incumplimiento de la ley.
Aunque la administración federal se compone de más de 260 instituciones, Imco no pudo analizarlas todas debido a las mismas restricciones que impone la legislación vigente. Ese es el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que desde 2015 las contrataciones realizadas estas empresas productivas del Estado no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, por lo que las contrataciones que realizan no se registran en Compranet.
Las instituciones federales vinculadas a la cartera de salud son las que presentan un mayor riesgo de corrupción en las compras públicas que realizan, de acuerdo con el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) que presentó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
El Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (Censida), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la Secretaría de Salud figuran entre las 10 dependencias federales con mayor riesgo de corrupción por la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley en sus contrataciones.
Entre 2018 y 2020, el 66% de las instituciones de salud empeoraron en el IRC, sobre todo en el cumplimiento de la ley. Entre ellas se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y Birmex, la dependencia encargada del resguardo e importación de la mayoría de las vacunas contra la Covid-19.
El año pasado, dado al aumento en demanda de medicamentos, equipo e insumos médicos debido a la pandemia, el gobierno de México emitió una declaración de emergencia sanitaria y facultó a seis dependencias federales para realizar compras de emergencia mediante adjudicación directa con el objetivo de acelerar el proceso.
Sin embargo, el Imco documentó que las compras públicas de emergencia mostraron importantes deficiencias, ya que carecen de planeación, publicación oportuna de la documentación, transparencia en el gasto y condiciones de calidad y precio.
›El instituto encontró que sólo en el Insabi, el 24% de sus compras no cuenta con un hipervínculo a Compranet, pese a que la ley lo establece así, además durante 2019 del total de contrataciones que realizaron el 60% fue por adjudicación directa, mientras que al año siguiente ese porcentaje se elevó hasta el 75.
Un caso similar es el de la Secretaría de Salud, que el año pasado reportó que 69% de sus compras eran por adjudicación directa y sólo el 22% por licitación pública.
Aunque la administración federal se compone de más de 260 instituciones, Imco no pudo analizarlas todas debido a las mismas restricciones que impone la legislación vigente. Ese es el caso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya que desde 2015 las contrataciones realizadas estas empresas productivas del Estado no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, por lo que las contrataciones que realizan no se registran ni publican en Compranet.
