México no cuenta con las capacidades ni los recursos para implementar una política ambiental efectiva. Esta es la conclusión a la que llegó un grupo de investigadores de la Universidad de las Américas, Puebla (UDLAP), tras desarrollar el Índice de Impunidad Ambiental, proyecto que fue seleccionado para el Foro de París por la Paz 2021 que se llevará a cabo a partir de este jueves 11 de noviembre.
El Índice de Impunidad Ambiental (IGI Ambiental), retoma metodologías del Índice de Impunidad Global, desarrollado también en la UDLAP en 2015, para hacer una medición comparativa de las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales entre los estados.
La investigación de Celeste Cedillo, Juan Antonio Le Clercq y Azucena Chaide considera que la impunidad ambiental tiene tres componentes: la imposibilidad de investigar, enjuiciar y reparar los delitos y daños al medio ambiente; la falta de aplicación de los objetivos de la política ambiental y climática, y la falta de estrategias y programas de política pública de largo plazo o intergeneracionales que pongan en peligro a nuevas generaciones y otras especies.
Este enfoque implica tanto la existencia de delitos ambientales que causan daños y riesgos a los ecosistemas y comunidades humanas, como la inexistencia o insuficiencia de capacidades y recursos institucionales para proteger el medio ambiente y garantizar el respeto de la ley y el derecho a un medio ambiente sano.
Así, el análisis de Cedillo, Le Clercq y Chaide consideró cuatro dimensiones: la capacidad institucional, la degradación ambiental, el delito ambiental y la estrategia intergeneracional, cada una de las cuales aporta, como máximo, un punto a la calificación total de cada estado.
El estado mejor calificado en el IGI Ambiental fue Durango, con una calificación de 2.31 y se encuentra, junto con otros nueve estados, en el nivel de impunidad media baja; sin embargo, en el documento se señala que ninguno de ellos “se puede catalogar como un ejemplo de baja impunidad”, ya que están lejos de la calificación máxima de cuatro puntos.
El promedio general del país es de 1.93 y 15 estados se ubican en el nivel de impunidad medio. Al fondo de las calificaciones se encuentran estados con un nivel alto de impunidad, como Tabasco, Yucatán y Sinaloa; mientras que sólo un estado, Colima, alcanza el nivel de muy alta impunidad.
Los investigadores escriben que “más que la posición relativa de cada estado en el ranking, los datos nos advierten que ningún estado se destaca por haber logrado un alto desempeño en política ambiental”, y sugieren que “los estados necesitan definir políticas ambientales más ambiciosas y mejores, con resultados que puedan ser medibles, verificables y reportables”.
Aunque el análisis fue hecho a nivel estatal, las conclusiones indican que los problemas y carencias se dan en todos los estratos, por lo que las soluciones tendrían que provenir de la coordinación y los acuerdos entre los niveles de gobierno
A nivel nacional la dimensión con la calificación más baja es la Capacidad Institucional, que en promedio tiene 0.25 de calificación, de un máximo de uno, y el estado mejor evaluado es la Ciudad de México con 0.46 mientras que en el mínimo están Yucatán y Veracruz con 0.15.
Para el futuro es preocupante que la siguiente peor calificación nacional esté en la dimensión Estrategia Intergeneracional, con un promedio de 0.36 y en la que, además, hay mayor dispersión en los datos con Baja California con el mejor resultado con 0.68, mientras que Tlaxcala alcanza 0.08.
En esta dimensión, los autores señalan que “se ha avanzado en la definición de instrumentos formales” en materias tales como mitigar el cambio climático y proteger la biodiversidad; sin embargo, la existencia de estos instrumentos de política pública “no implica necesariamente que la implementación sea más efectiva ni eficiente”.
En cuanto a la Degradación Ambiental, el promedio nacional llega a 0.57, con estados que tienen mejores condiciones en la protección del medio ambiente a pesar de tener capacidades reducidas; sin embargo, esto “está lejos de ser sostenible en el futuro”, apuntan, por las presiones sociales y económicas para el acceso a los recursos naturales.
Además de concluir que “no es posible implementar una política ambiental efectiva con capacidades y recursos institucionales tan limitados, tanto a nivel federal como estatal”, los autores agregan que “es fundamental que la federación y los estados incrementen significativamente los presupuestos destinados a atender las necesidades del sector ambiental”.
También señalan que la información estadística sobre el sector ambiental es, a menudo, inconsistente o incompleta, por lo que recomiendan el desarrollo de un sistema de información para recopilar y publicar datos confiables.
Lo que sigue
En el sitio del Foro de París por la Paz se destaca que el Índice de Impunidad Ambiental va más allá de analizar los delitos formalmente incluidos en las leyes e integra los daños, los conflictos, los ataques a los defensores de derechos humanos y ambientales, las capacidades institucionales y los instrumentos de política.
Tras su paso por el Foro con el análisis de los estados mexicanos, la siguiente etapa del proyecto será comparar los niveles de impunidad ambiental en América Latina y establecer las bases metodológicas y criterios de colaboración para un observatorio internacional sobre impunidad ambiental.
El dato. La Capacidad Institucional es la dimensión en que la calificación es más baja a nivel nacional, con 0.25 puntos de un máximo de uno.
