El informe final de la investigación del crimen contra 43 normalistas de Ayotzinapa capturados por policías de Iguala y Cocula y entregados a una banda criminal para su asesinato, que presentó el procurador Jesús Murillo Karam, es un queso gruyere, lleno de hoyos. Si se siguiera de manera mecánica la línea de tiempo que describió la semana pasada, la conclusión podría ser que la muerte de los jóvenes fue más el resultado de un abuso de autoridad, que una orden del ex alcalde de Iguala, o confusión entre organizaciones delincuenciales.
“La verdad histórica” que presentó Murillo Karam, parece más un acomodo de hechos circunstanciales para explicar con verosimilitudes lo que sucedió la noche del 26 de septiembre en Iguala y Cocula, cuando fueron asesinados decenas de normalistas de Ayotzinapa. Tampoco dispensa la tardía intervención del presidente Enrique Peña Nieto, que hoy le reclama el Comité contra las Desapariciones Forzadas la Organización de las Naciones Unidas, en Ginebra. Murillo Karam presentó la verdad legal de la PGR, o la versión oficial del gobierno, que está lejos de ser “la investigación sin precedentes”, como proclamó la Presidencia, que hace lucir una vez más a su cabeza, como desinformado. Veamos:
1.- El móvil. Murillo Karam presentó como el móvil original del crimen que los normalistas iban a sabotear el evento donde María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde José Luis Abarca, rendía su informe del DIF. La semana pasada, sin explicar cómo se desvaneció aquél móvil, concluyó que el asesinato se debió a que la banda de Guerreros Unidos, que controla esa zona, los confundió con integrantes de sus rivales Los Rojos.
Desde los primeros días del crimen, Murillo Karam dijo en Los Pinos que lo sucedido en Iguala era una “depuración” entre cárteles. No está claro de dónde pudo salir esa certidumbre, aunque desde mayo pasado, cuando la Fiscalía de Guerrero pidió la consignación de Abarca por delincuencia organizada –ignorada por él y sus colaboradores- sabían que el ámbito en Iguala era federal. En todo caso, si era un asunto entre cárteles, ¿por qué el presidente dijo que era un problema local? El aval a su hipótesis la dio el jefe de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, quien declaró en la PGR que dentro de los normalistas había una célula de rojos.
2.- Los narcoestudiantes. La PGR encontró una célula de 17 normalistas que pertenecían a la banda de Los Rojos. Informaciones contradictorias sobre el móvil –calentar la plaza o llevar armas y opio- trascendieron a la prensa. Inclusive, funcionarios de la PGR identificaron a un normalista que fue desollado, como el jefe de la célula. Murillo Karam dijo que varios testigos identificaron a tres estudiantes como “infiltrados” de esa banda criminal. Sin embargo, dijo que él no tenía ninguna evidencia que hubiera delincuentes dentro de los normalistas. Los narcoestudiantes se desvanecieron en las pesquisas, pero se mantuvo la teoría de la “confusión”.
3.- La confusión misteriosa. La parte más opaca de la investigación de la PGR está en la línea de tiempo que dio Murillo Karam sobre el paso de los normalistas por Iguala. Dijo que llegaron a las 13 horas, y secuestraron camiones. Poco después de las 14 horas, al salir de la terminal de autobuses, se enfrentaron con la policía, que ante su inferioridad numérica, se retiraron. Entonces comenzaron a botear, con el fin de obtener recursos para viajar a la ciudad de México y participar en la marcha del 2 de octubre. No dijo qué hicieron los normalistas entre el momento que dejaron debotear, hacia las 17 horas, y las 21 horas, la policía les disparó y los detuvo.
Contra su versión original, no pretendieron sabotear ningún evento de Pineda Villa, ni su fiesta. Hacia las 21 horas, de regreso a Iguala, fueron detenidos por la policía. Volvieron a hacerse de palabras y los normalistas los apedrearon, lo que fue respondido a balazos por los policías. Esto significa que los normalistas, que segúnGuerreros Unidos eran de Los Rojos, estuvieron en Iguala durante ocho horas sin ser detectados, pese a tener control total sobre la vida en el municipio. ¿A qué hora se supo que los descubrieron y se dio la orden de capturarlos y matarlos? No lo aclaró el procurador.
Guerreros Unidos tenía en la zona donde se movieron los normalistas a no menos de 200 policías bajo sus órdenes, y sin embargo, no les sucedió nada en todo ese tiempo. El procurador no disipó estas dudas. Tampoco dijo nada sobre el conocimiento que tenían las policías Federal y Estatal del movimiento de los normalistas de Chilpancingo a Iguala ese día. La conclusión del caso descansa en cuatro presuntos delincuentes –de 99 detenidos- que confiesan su responsabilidad directa en los hechos, 385 declaraciones ministeriales y 487 dictámenes periciales, que construyen lo que llamó Murillo Karam un “crimen atípico”.
Lo exhaustivo que parece la investigación no se corresponde con lo sólido de ella. Al contrario. Entre más informa el procurador, más contradicciones emergen. Entre más explica, más confunde. Las críticas que le han hecho a sus conclusiones tienen bastante sustento, razón por la cual abogados, activistas y organizaciones internacionales juzgan, no a él por sus omisiones y deficiencias en la investigación, sino al presidente Peña Nieto, que al final de cuentas, es quien tiene que dar la cara por el gobierno.
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