En su lucha por la transparencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se deben quitar todas las limitaciones para que se ejerza el derecho a la información.
Sin embargo, en un intento por brindar información a la población, propuso violar otros derechos, al señalar que se deben eliminar el secreto bancario, el debido proceso, la secrecía y el sigilo, para que “la vida pública sea cada vez más pública”.
En su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario, hablando del caso Ayotzinapa, afirmó que él instruyó que se entregue todo el informe, los anexos, todo lo que se tiene, que no se oculte nada.
La diferencia es que los datos que pide transparentar violarían los derechos y libertades de una persona acusada de cometer un delito, como el derecho a defenderse, esto en el caso del debido proceso. En cuanto al secreto bancario, se violaría la privacidad de los clientes del sistema financiero. Es decir, en cualquiera de los casos, se cometería un delito.
Rechaza la impunidad
Durante la mañanera, López Obrador arremetió contra la propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que busca anular la prisión preventiva oficiosa en todo el país, pues aseguró que buscan mantener la corrupción y la impunidad.
“La esencia es que se busca impunidad y corrupción (…) Tiene que buscarse un mecanismo para que la justicia sea expedita, no utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra y siniestra, y, además, hay delitos graves”, expresó.
Más tarde, en un comunicado donde expresa su postura y que firman el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos, apuntan que dejar en manos de los jueces la decisión de la prisión preventiva los expone a la corrupción.
“Dejar en manos de los jueces la decisión de aplicar prisión preventiva oficiosa, generaría una presión adicional sobre los impartidores de justicia, exponiéndolos a la corrupción y a la violencia por el tipo de delitos que implica esta figura”, señalaron.
Además, piden a la Corte que se considere la seguridad pública del país, a las víctimas, el combate a la impunidad y el esfuerzo que implica la persecución criminal, a la hora de resolver este asunto.
A 21 días, una nueva estrategia de rescate
Luego de tres semanas del accidente que dejara a 10 trabajadores atrapados en la mina “El Pinabete”, la Coordinación Nacional de Protección Civil detalló que se seguirá una nueva estrategia, pero no será hoy.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa MIMOSA, propiedad de Alonso Ancira, “El rey del acero”, propusieron tres soluciones técnicas para el ingreso a la mina, pero éstas se evaluarán y posteriormente se determinará cuál es la mejor para la seguridad de los rescatistas.
La primera es abrir un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado, es decir, abrir una entrada a la mina desde la superficie para bajar por un túnel con una pendiente hasta las galerías, y esto se mantendría acompañado del bombeo de agua.
La segunda es realizar pantallas de control, es decir, la estrategia que ya se estaba siguiendo, poner barreras físicas entre las minas de Conchas Norte y El Pinabete. Y una tercera es combinar ambas estrategias.
Ya son 21 días, y las estrategias cambian, pero los mineros siguen atrapados en la mina El Pinabete, y la incertidumbre y desolación de sus familiares crece.
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