La Cámara de Diputados no sólo autorizó al Ejecutivo federal a gastar más en contratos opacos, también se dio el mismo permiso. Así, toda la administración pública federal podrá firmar más convenios directos o restringidos y por mayores montos.
“En esta administración se han caracterizado por manejos opacos en el uso de los recursos y la manera de asignarlos, no quedan claros los criterios que se usan para otorgar los contratos”, aseguró a ejecentral Mauricio Barraza Hernández, analista en jefe de la firma Barraza Consultores, dedicada al escrutinio del gasto público.
Y añadió: “Aunque hay una ley muy clara que indica el deber ser, cada dependencia le da su interpretación para asignar los recursos”.
Organismos no gubernamentales que han auditado los gastos de gobierno han advertido que hasta en 80 % de los casos son de asignación directa, aún cuando la misma Ley establece que el máximo deberá de ser el 30 %.
El Artículo 42 párrafo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público establece: la suma de operaciones que se realizan al amparo de este artículo no podrá exceder del 30 % del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos, y servicios autorizados a la dependencia o entidad en cada ejercicio presupuestario.
La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación. Artículo que es aplicable a la sumatoria tanto de contratos por asignación directa como por invitación para al menos tres personas.
Hay tres ramos en la ley de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que son los más sensibles y por los que se firman la mayor cantidad de contratos de manera directa o con invitación restringida: El 1000, que se refiere a servicios personales que incluyen el pago de salarios o sueldos, ya sean de carácter permanente o transitorio, así como las prestaciones sociales económicas y otro tipo de estímulos para pago de trabajos especiales a las personas; el ramo 2000, que contempla materiales y suministros, y el 3000, el cual se refiere a servicios generales, que es la vía para los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
Los ramos 2000 y 3000 son de los de mayor escrutinio público al considerarse especialmente sensibles, ya que en ellos es donde recaen los mayores riesgos de contratos a modo y cancela la posibilidad de tener el mejor precio o prestaciones del mercado, aunque la finalidad de este tipo de convenios es garantizar el abastecimiento del bien o servicio en las mejores condiciones comerciales.
¿Cuántos recursos tienen las secretarías?
Según el PEF 2023, los ramos 2000 y 3000 acumulan 221 mil 128 millones 812 mil 433 pesos, dinero que básicamente es para gastos operativos. Aunque es un magro aumento de a penas 4.3 % nominal, con respecto al ejercicio fiscal 2022, lo que creció fueron los montos que pueden contratarse de forma opaca.
El Poder Legislativo, por ejemplo, recibirá un presupuesto de 15 mil 994.4 millones de pesos en 2023. De ese monto 3 mil 367.99 millones de pesos son para los ramos 2000 y 3000, un incremento de 9.6 % respecto a 2022.
El Congreso en este año ha podido otorgar contratos hasta de 600 mil pesos de manera directa, pero para el siguiente podrá hacerlo hasta por 770 mil, un incremento sustancial de 28.3 %, un margen que se amplió más veloz que otros años.
De los recursos que reciben las dependencias o entidades de gobierno, la Oficina de la Presidencia de la República es la que más gasta en dichos ramos, ya que del presupuesto que se le otorgará para el siguiente año, el 39.55 % se destinará a estos contratos sin licitación o restringidos. Al presidente Andrés Manuel López Obrador se le autorizó un presupuesto de 875 mil 520.2 mil pesos, de los que 346.2 millones son para gastos operativos, sin incluir salarios o sueldos.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es otra de las dependencias con el mayor gasto con respecto a su presupuesto, ya que el 36.9 %, es decir 36 mil 505 millones de pesos, serán gastados en los ramos 2000 y 3000, de ese monto. Y es la que más recursos podrá destinar en contratos restringidos o sin licitación pública, ya que su tope es por 10 mil 951.5 millones de pesos.
Las más susceptibles
En general, todas las dependencias de gobierno tienen la facultad de otorgar contratos por asignación directa o por invitación para al menos tres personas, pero unas tienen un mayor grado de otorgarlos de manera discrecional por todo el presupuesto que manejan para su operatividad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es la que tiene mayores recursos, y le siguen las secretarías de Educación Pública, con 31.5 mil millones de pesos, que es el equivalente al 7.84 % de su presupuesto; la de Salud que tendrá 29 mil 186 millones de pesos que fueron asignados a los ramos 2000 y 3000.
Según el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) que elabora el IMCO (Instituto Mexicano para la Competitividad), las dependencias de salud son las más proclives en caer en actos de corrupción. El IRC es la medición de los riesgos de corrupción en los procesos de compras públicas por las dependencias de gobierno.
En la edición 2022, el IRC indicó que el INSABI tuvo el mayor porcentaje de caer en prácticas deshonestas, con un 66 %; le siguió el IMSS, con 51 %; y el ISSSTE, con un 50 %, siendo la entidades que lideraron dicho indicador.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a tener uno de los mayores presupuestos en este tipo de gastos, según el análisis del IMCO es proclive en un 35 % de caer en prácticas ilícitas por este tipo de contratos. En el PEF de 2023 la Sedena tendrá recursos para los ramos mencionados de 20 mil 548.7 millones de pesos, mil 467 millones más que el ejercicio actual.
La Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) tendrá 16 mil 964.3 millones de pesos, un incremento de mil 658.7 millones de pesos frente a su presupuesto previo. Le siguen el Poder Judicial y la Secretaría de Turismo, con 11.2 y 10.4 miles de millones de pesos, respectivamente, que estarán disponibles para adquirir contratos de manera discrecional que estén permitidos dentro de los parámetros de la Ley.
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